La interconexión vial entre departamentos, la modernización de los aeropuertos y una mejor conexión con los puertos hacen parte de las prioridades planteadas para fortalecer la infraestructura de transporte del Caribe colombiano.
Durante una jornada de trabajo sobre las necesidades de la región, la ministra de Transporte señaló que el Caribe tiene una posición estratégica por su infraestructura portuaria, aeroportuaria y su conexión con el río y el mar, además de su actividad productiva y empresarial.
“Llegó la hora del Caribe colombiano”, manifestó la funcionaria, al plantear la necesidad de abordar los proyectos desde una perspectiva regional y con mayor articulación entre los departamentos.
Tres prioridades para la infraestructura regional
La primera apuesta está relacionada con la interconexión vial regional, especialmente en los corredores que comunican a los departamentos y principales ciudades del Caribe entre sí y con el interior del país.
El segundo frente corresponde a la modernización de los aeropuertos, con inversiones orientadas a mejorar la conectividad y responder a las necesidades de movilidad de la región.
La tercera prioridad está relacionada con la conexión con los puertos y el transporte multimodal. En este punto se contempla mejorar los accesos a las terminales portuarias, avanzar en alternativas de conexión férrea con el interior y fortalecer la navegabilidad.
Estos proyectos se plantean en un contexto marcado por restricciones fiscales y dificultades financieras que, según explicó la ministra, afectan la ejecución de diferentes obras de infraestructura en el país.
Gobierno plantea alternativas para proyectos atrasados
La ministra también se refirió a la situación financiera de los proyectos de infraestructura y señaló que el Gobierno adelanta una revisión de concesiones, contratos e iniciativas que presentan dificultades jurídicas, financieras o de ejecución.
Según las cifras expuestas durante la jornada, la deuda nacional pasó de aproximadamente $800 billones a $1.200 billones en cuatro años, mientras que las tasas de interés se encuentran entre el 13 % y el 14 %.
A esto se sumarían, de acuerdo con la información presentada por el Ministerio, $16 billones relacionados con procesos ante tribunales y reclamaciones o pretensiones por $81 billones ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
Frente a este escenario, el Gobierno plantea revisar cada concesión y contrato para buscar acuerdos que permitan resolver diferencias jurídicas y garantizar los recursos necesarios para la ejecución de las obras.
Entre las alternativas mencionadas está la posibilidad de llevar a valor presente recursos correspondientes a vigencias futuras, mediante los procedimientos legales y trámites respectivos ante el Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS).
También se contemplan modificaciones contractuales y una mayor participación de iniciativas privadas (IP) y asociaciones público-privadas (APP) para impulsar nuevos proyectos ante las restricciones de recursos previstas para los próximos años.
Otra de las medidas anunciadas es un decreto orientado a facilitar la ejecución de obras que actualmente se encuentran pendientes o presentan dificultades para avanzar. La propuesta contempla mecanismos para que los concesionarios puedan realizar determinadas inversiones y establecer posteriormente su reconocimiento dentro de las condiciones de cada contrato.
La ministra destacó además la importancia de contar con proyectos estructurados en fase tres, debido al nivel de detalle técnico requerido para facilitar su financiación.
La agenda planteada para el Caribe busca avanzar en proyectos de conectividad vial, aeroportuaria, portuaria, férrea y fluvial, aunque su ejecución estará condicionada por la disponibilidad de recursos, los procesos contractuales y la solución de las controversias jurídicas que afectan algunas iniciativas.
