La Procuraduría General de la Nación presentó tres líneas de trabajo para avanzar en el cumplimiento de las órdenes de la Corte Constitucional dirigidas a garantizar los derechos de la comunidad Wayuu en La Guajira, especialmente en materia de acceso al agua potable, salud, alimentación y movilidad.
El anuncio fue realizado este martes 13 de octubre de 2026 por el procurador general, Gregorio Eljach, durante una audiencia de seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017, mediante la cual la Corte Constitucional declaró un estado de cosas inconstitucional relacionado con la vulneración de los derechos fundamentales de niños y niñas de esta comunidad indígena.
La propuesta busca fortalecer la coordinación entre las entidades estatales y avanzar en la financiación de las medidas ordenadas por el alto tribunal, cuyo cumplimiento ha sido objeto de seguimiento desde hace varios años.
Tres ejes para avanzar en los compromisos
El primer componente consiste en promover la inclusión, en el Plan Nacional de Desarrollo, de un mecanismo para anticipar recursos destinados a financiar las obligaciones con la población Wayuu. Según lo expuesto por el procurador, la partida podría alcanzar los $300.000 millones anuales, provenientes de recursos asociados al impuesto de renta generado por la explotación de carbón.
La segunda línea contempla la creación de un grupo de trabajo en la Procuraduría con participación de integrantes de la comunidad Wayuu. Esta instancia tendría como propósito contribuir a la articulación entre las instituciones responsables y hacer seguimiento a las respuestas del Estado frente a las necesidades de la población.
El tercer eje plantea una transformación de la dependencia de la Procuraduría encargada de los asuntos de infancia, con el objetivo de incorporar un enfoque de familia integral. Según el anuncio, esta modificación tendría un papel dentro del acompañamiento institucional a la comunidad indígena.
Seguimiento a la Sentencia T-302 de 2017
La audiencia realizada en Riohacha se enmarca en el seguimiento a las órdenes impartidas por la Corte Constitucional para atender las condiciones que afectan a la población Wayuu, en particular a la niñez de esta comunidad.
La sentencia busca que las autoridades garanticen el acceso efectivo a derechos fundamentales como el agua potable, la alimentación adecuada y los servicios de salud, además de mejorar las condiciones que dificultan la atención y la movilidad en el territorio.
Las tres líneas presentadas por la Procuraduría constituyen una propuesta de trabajo institucional. Su alcance dependerá de las decisiones que se adopten para concretar la financiación, poner en marcha los mecanismos de coordinación y avanzar en el cumplimiento de las órdenes judiciales.
El seguimiento de la Corte Constitucional continuará siendo un elemento central para evaluar los avances de las entidades responsables frente a los compromisos con la comunidad Wayuu.
