Durante la Cumbre de Gobernadores realizada en Bogotá, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, planteó la posibilidad de que el departamento aplique la excepción de inconstitucionalidad frente a algunas normas tributarias expedidas en el marco de la declaratoria de emergencia económica a nivel nacional.
En sus declaraciones, el mandatario sostuvo que la Gobernación identificó un camino jurídico amparado en el artículo 4 de la Constitución Política de 1991, el cual establece que ninguna norma está por encima de la Carta Magna y que cualquier autoridad administrativa o judicial puede inaplicar disposiciones que resulten contrarias a sus principios.
Según explicó Rendón ante sus homólogos, la preocupación central radica en la afectación que dichas normas tributarias podrían generar sobre las finanzas territoriales, al considerar que algunas medidas adoptadas bajo la emergencia económica resultarían desproporcionadas y vulnerarían principios constitucionales.
Ante los Gobernadores del país, presentamos el camino que encontró Antioquia para salvaguardar las finanzas territoriales. La Constitución de 1991, en su artículo 4, establece que la Constitución es la norma de normas. Toda autoridad judicial o administrativa está obligada a… pic.twitter.com/ox70fC07Qv
— Andrés Julián (@AndresJRendonC) January 15, 2026
El gobernador también cuestionó que, mediante la declaratoria de emergencia, se haya intervenido en competencias que son propias del Congreso de la República, particularmente en materia de creación, regulación y modificación de tributos, lo que —a su juicio— podría exceder los límites constitucionales establecidos para este tipo de mecanismos excepcionales.
Rendón señaló que la intención de Antioquia no es desconocer el orden institucional, sino salvaguardar los recursos de los departamentos y proteger tanto la Constitución como los derechos de los ciudadanos frente a eventuales impactos fiscales adversos.
De acuerdo con lo expuesto en la cumbre, la Gobernación de Antioquia expediría en los próximos días un acto administrativo mediante el cual formalizaría esta posición jurídica, decisión que podría abrir un debate nacional sobre el alcance de la emergencia económica y la autonomía de los entes territoriales frente a disposiciones de carácter tributario.
