Susy Isabel Aponte Polo, conocida en Áncash como ‘La China Polo’, era periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash. Su asesinato ocurrió el 19 de septiembre de 2026, mientras participaba en una actividad de campaña en un mercado de Caraz. Días antes había denunciado públicamente amenazas contra su vida y señalado a un alto mando de la Policía peruana.

La investigación del crimen tuvo un cambio de rumbo en las primeras horas posteriores al ataque. El Ministerio Público dejó de tramitar el caso bajo la hipótesis inicial de feminicidio y pasó a investigarlo como un presunto sicariato, es decir, un homicidio que habría sido cometido por encargo.

A la fecha, dos ciudadanos venezolanos permanecen detenidos en flagrancia dentro de las diligencias: Luis Obispo Díaz, a quien le fue encontrada una pistola durante un registro, y Ronal Toro Artila, quien fue ubicado en Lima y trasladado posteriormente a Caraz. La Fiscalía todavía debe establecer qué participación habría tenido cada uno y si existen otras personas involucradas.

Quién era Susy Aponte, ‘La China Polo’

Antes de incursionar en la política electoral, Susy Aponte había construido reconocimiento en Áncash a través del periodismo de denuncia.

La comunicadora dirigía el portal informativo China Polo Dominical, desde donde difundía investigaciones y denuncias relacionadas con presuntas irregularidades, corrupción, actuaciones de funcionarios, seguridad y otros asuntos de interés regional.

Ese trabajo periodístico fue también uno de los elementos que marcaron su perfil público. De acuerdo con información recopilada por medios peruanos, Aponte había cuestionado actuaciones de autoridades policiales, funcionarios y otros actores de la región.

En 2026 decidió trasladar ese protagonismo público al terreno electoral. Se presentó como candidata al Gobierno Regional de Áncash por el movimiento regional Socios por Áncash y el 15 de septiembre participó en un debate organizado por el Jurado Nacional de Elecciones, apenas cuatro días antes de ser asesinada.

La documentación revisada para este informe también recoge que Aponte tenía prevista la publicación de nuevos contenidos periodísticos después del día del ataque y que continuaba difundiendo denuncias mientras desarrollaba su campaña.

El ataque ocurrió durante una actividad de campaña

El homicidio ocurrió el sábado 19 de septiembre en Caraz, provincia de Huaylas, en la región de Áncash.

Aponte recorría las inmediaciones de un mercado junto con simpatizantes e integrantes de su campaña cuando fue atacada con un arma de fuego. Uno de los proyectiles la impactó en la cabeza. Otras cinco personas resultaron heridas durante el ataque.

La periodista fue trasladada al Hospital San Juan de Dios de Caraz, donde se confirmó su fallecimiento.

El ataque ocurrió en medio de una actividad política y quedó registrado en imágenes que posteriormente comenzaron a circular en redes sociales. La Fiscalía ordenó la recopilación de cámaras de seguridad de la zona, entre ellas las correspondientes a un establecimiento hotelero, además de otras pericias destinadas a reconstruir la secuencia del crimen.

Una de las líneas centrales de la investigación es determinar quién ejecutó el ataque, quiénes participaron en su preparación y, especialmente, cuál fue el móvil.

De feminicidio a presunto sicariato

La modificación de la hipótesis judicial constituye uno de los principales avances conocidos hasta ahora.

Inicialmente, el caso fue abierto bajo el protocolo de feminicidio. Posteriormente, la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huaylas, Tercer Despacho, asumió el expediente y lo orientó hacia la hipótesis de un presunto sicariato. El despacho está encabezado por el fiscal Raúl Godos Sedán, junto con la fiscal adjunta Sheyla Romero Zárate.

El cambio no significa que el móvil esté establecido. La investigación busca determinar si el homicidio fue efectivamente un crimen por encargo y quién estaría detrás de la posible orden.

Entre las diligencias se encuentran el análisis de las imágenes de videovigilancia, las pericias técnicas y el examen balístico del arma que habría sido utilizada.

Según información difundida por el Ministerio del Interior, la pistola Glock calibre 9 × 19 milímetros incautada a uno de los detenidos figura como reportada como robada desde noviembre de 2023, en la comisaría de Villa El Salvador. La Policía también deberá realizar la homologación del arma con los casquillos recuperados en la escena.

Las amenazas que ‘La China Polo’ denunció antes de morir

Uno de los elementos que ha cobrado especial relevancia después del asesinato son las amenazas que Aponte había hecho públicas días antes.

El 10 de septiembre, nueve días antes del ataque, la periodista aseguró que había recibido llamadas provenientes de tres establecimientos penitenciarios. Según su propio relato, en esas comunicaciones le advirtieron sobre un supuesto atentado contra su vida.

Aponte señaló públicamente al entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía Nacional del Perú, general Víctor Revoredo Farfán, y aseguró que había presentado una denuncia ante las autoridades.

Las acusaciones de Aponte contra Revoredo forman parte de sus declaraciones públicas y no constituyen, por sí mismas, una prueba de que el oficial haya ordenado o participado en su asesinato. Hasta el momento, las autoridades no han establecido públicamente esa relación. La eventual conexión entre las amenazas y el homicidio hace parte de las preguntas que deberá resolver la investigación.

La relevancia de esas denuncias aumentó después del crimen, debido a que la periodista había advertido públicamente sobre un posible atentado contra ella pocos días antes de ser asesinada.

El papel de la Policía y las nuevas diligencias

El Ministerio del Interior dispuso que el comandante general de la Policía Nacional del Perú, Fredy López Mendoza, encabece las investigaciones en Caraz.

López Mendoza se trasladó a la zona y quedó al frente de las acciones junto con el general José Zavala Chumbiauca, jefe de la Dirección Nacional de Investigación Criminal, y personal especializado de la Dirincri.

Las autoridades anunciaron además una pericia balística sobre el arma presuntamente utilizada y la comparación con los casquillos encontrados en el lugar del ataque.

El objetivo es establecer la participación de los detenidos, reconstruir los movimientos previos y posteriores al crimen y determinar si hubo una estructura detrás del ataque.

Por ahora, la hipótesis de un homicidio por encargo es una línea de investigación y no una conclusión definitiva sobre los responsables intelectuales.

Las reacciones tras el asesinato

El crimen provocó pronunciamientos de organismos electorales, organizaciones periodísticas, dirigentes políticos y autoridades regionales.

El Jurado Nacional de Elecciones condenó el asesinato y pidió a las autoridades esclarecer los hechos con rapidez. El organismo señaló que la violencia no tiene cabida en una sociedad democrática y reafirmó la necesidad de garantizar un proceso electoral pacífico.

La Defensoría del Pueblo también expresó preocupación por el asesinato y reclamó medidas de protección para los candidatos que participan en las elecciones regionales y municipales de 2026.

Desde el ámbito político, el gobernador regional de Áncash, Koki Noriega, pidió a la presidenta Keiko Fujimori declarar en emergencia la región debido a la situación de inseguridad. También solicitó una reunión con los gobernadores regionales para definir acciones frente a la criminalidad.

En el Congreso peruano también surgieron cuestionamientos al manejo de la seguridad. El presidente de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, pidió la censura del ministro del Interior, César Astudillo, y sostuvo que el crimen debía investigarse bajo la posibilidad de un móvil político. Esa afirmación corresponde a la posición expresada por el dirigente y no constituye una conclusión oficial de la investigación.

La bancada de Ahora Nación, por su parte, calificó el asesinato como una muestra de la situación de inseguridad del país y reclamó una investigación rápida, además de reformas en materia de seguridad y Policía.

Desde el periodismo, también hubo llamados a esclarecer no solo quién disparó, sino quién pudo haber ordenado el crimen. La periodista Rosa María Palacios y otros comunicadores se pronunciaron sobre el asesinato y recordaron las amenazas que Aponte había denunciado antes de su muerte.

Las preguntas que todavía debe responder la investigación

Aunque ya existen detenidos y la Fiscalía modificó la hipótesis inicial del caso, todavía quedan interrogantes centrales.

La primera es establecer quién ejecutó materialmente el asesinato y cuál fue exactamente la participación de los dos ciudadanos detenidos.

La segunda es determinar si existió una persona que ordenó o financió el ataque, como plantea la hipótesis de presunto sicariato.

También deberá establecerse si las amenazas que Aponte denunció desde tres establecimientos penitenciarios estaban relacionadas con el crimen o correspondían a otro conflicto.

Y una de las preguntas de mayor relevancia será determinar si alguno de los trabajos periodísticos, denuncias o investigaciones que realizaba Aponte antes de su muerte tuvo relación con el homicidio.

Por ahora, ninguna de esas hipótesis puede darse por confirmada.

Lo que sí está establecido es que Susy Aponte Polo fue asesinada durante una actividad de campaña en Caraz, que otras cinco personas resultaron heridas, que existen dos detenidos dentro de la investigación y que el Ministerio Público analiza el caso bajo la hipótesis de un presunto sicariato.

La respuesta sobre quién ordenó el crimen y por qué sigue pendiente de las investigaciones de las autoridades peruanas.