La Jurisdicción Especial para la Paz identificó a 11 antiguos jefes de los bloques Magdalena Medio y Caribe como máximos responsables de graves delitos contra la población civil. Entre los hechos documentados figuran masacres, desplazamientos forzados, desapariciones y violencia sexual.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó a 11 antiguos comandantes de las extintas Farc-EP por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en distintas regiones del norte y nororiente de Colombia.

Entre los señalados se encuentran Rodrigo Londoño, conocido como ‘Timochenko’, y Pastor Alape, ambos antiguos integrantes del Secretariado de esa guerrilla. También fueron imputados nueve excomandantes regionales de los bloques Magdalena Medio y Caribe.

La decisión establece su presunta responsabilidad como máximos responsables de delitos como homicidio, desplazamiento forzado, desaparición forzada, tortura, secuestro de territorios, ataques contra bienes protegidos por el Derecho Internacional Humanitario y violencia sexual.

733 víctimas participaron en la investigación

La investigación documentó patrones de violencia relacionados con el control social y territorial, así como con las operaciones militares de estas estructuras guerrilleras.

Para sustentar la imputación, la JEP contrastó los testimonios de 733 víctimas, 72 informes de organizaciones y entidades defensoras de derechos humanos, versiones de antiguos integrantes de las Farc y 1.859 denuncias de la Fiscalía.

Entre los hechos documentados aparecen la toma guerrillera de Chalán, Sucre, y el atentado con un burro bomba en 1996; el ataque contra la caravana de Álvaro Uribe en Barranquilla, en 2002, y la masacre de la finca La Duquesa, en Tibú, Norte de Santander, en 2004, donde fueron asesinados 34 campesinos.

La Sala también identificó el desplazamiento forzado como uno de los crímenes más recurrentes, con 263 hechos registrados, seguido del homicidio, con 204 casos, y la desaparición forzada, con 53.

Los bloques investigados tuvieron presencia en departamentos como Antioquia, Santander, Norte de Santander, Bolívar, Cesar, La Guajira, Magdalena, Atlántico y Sucre, entre otros territorios.

¿Qué sigue en el proceso?

Los 11 excomandantes tienen plazo hasta el 8 de diciembre de 2026 para reconocer por escrito los hechos y su responsabilidad o rechazarlos. Las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar observaciones hasta el 8 de febrero de 2027.

La JEP también ordenó aportar información que permita esclarecer el paradero de 54 personas desaparecidas identificadas durante la investigación.

Si los comparecientes reconocen su responsabilidad y contribuyen al esclarecimiento de la verdad, el proceso podrá avanzar hacia una audiencia de reconocimiento y eventuales sanciones propias de carácter restaurativo, que contemplan restricciones efectivas de derechos y libertad, sin cárcel.

En caso de que nieguen su responsabilidad, los expedientes podrán pasar a la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP. Si son encontrados responsables en un juicio, podrían enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

La decisión corresponde al tercer Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 10, que investiga crímenes no amnistiables cometidos por las extintas Farc-EP y que registra 4.647 víctimas acreditadas a nivel nacional.