El proyecto de ley de competencias del Sistema General de Participaciones (SGP) continúa su trámite en el Congreso, en medio de un proceso de socialización con autoridades locales, sectores sociales y comunidades en distintas regiones del país.
La iniciativa, impulsada desde el Ministerio del Interior bajo la dirección de Armando Benedetti, busca redefinir la distribución de responsabilidades entre la Nación y las entidades territoriales, con el objetivo de fortalecer la descentralización y mejorar la gestión de recursos públicos.
De acuerdo con el Gobierno, la propuesta pretende que departamentos y municipios cuenten con mayores herramientas para administrar sectores clave como salud, educación y agua potable. A cambio, plantea un esquema en el que las regiones que reciban más recursos también asuman mayores responsabilidades en su ejecución.
El proyecto es resultado de un proceso de concertación en el que participaron entidades del orden nacional como el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, junto a gobiernos locales, gremios y academia. Según cifras oficiales, la construcción de la iniciativa incluyó más de 150 sesiones de trabajo.
Uno de los puntos centrales es la definición más clara de competencias entre niveles de gobierno, con el fin de reducir vacíos administrativos y mejorar la coordinación institucional en la ejecución de políticas públicas.
La propuesta también establece principios para orientar la descentralización, así como mecanismos de articulación entre la Nación y los territorios, en un intento por responder a las diferencias estructurales entre grandes ciudades y municipios rurales.
El proyecto de ley se encuentra actualmente en estudio en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, donde deberá surtir su primer debate antes de continuar su trámite legislativo.
Aunque el Gobierno ha defendido la iniciativa como un paso hacia una mayor autonomía territorial, expertos advierten que el éxito de la reforma dependerá de la capacidad de las entidades territoriales para asumir nuevas funciones y del fortalecimiento de los mecanismos de control sobre el uso de los recursos.
