El Gobierno nacional, a través del Ministerio del Interior liderado por Armando Benedetti, reportó una inversión superior a los 502 mil millones de pesos en sistemas de videovigilancia entre 2024 y 2025, como parte de su estrategia para fortalecer la seguridad en distintas regiones del país.
De acuerdo con información oficial, los recursos, ejecutados mediante el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), han permitido la instalación de más de 2.600 cámaras de seguridad, con un alcance directo sobre cerca de 936.000 personas y un impacto indirecto que superaría los 3 millones de ciudadanos.
Según el Ministerio del Interior, la implementación de estos sistemas tecnológicos busca mejorar la capacidad de respuesta de la Fuerza Pública, facilitar la identificación de responsables de delitos y aportar material probatorio en procesos judiciales. Las autoridades sostienen que la videovigilancia puede aumentar hasta en un 30 % la capacidad de reacción ante incidentes.
Además, estimaciones oficiales indican que entre el 20 % y el 40 % de los delitos urbanos podrían ser esclarecidos o apoyados mediante el uso de estas herramientas tecnológicas, especialmente en entornos urbanos con alta incidencia delictiva.
La estrategia contempla no solo la instalación de cámaras, sino también su integración con centros de monitoreo en tiempo real, lo que permitiría detectar situaciones de riesgo, focalizar operativos y coordinar respuestas más rápidas por parte de las autoridades en zonas consideradas críticas.
No obstante, expertos en seguridad han advertido que, si bien la videovigilancia puede contribuir a la prevención y judicialización de delitos, su efectividad depende de factores como la capacidad operativa de la Fuerza Pública, la articulación institucional y el mantenimiento de los sistemas tecnológicos.
El anuncio se da en medio de un contexto en el que la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente en grandes ciudades y corredores estratégicos del país.
