La Veeduría por la Verdad y la Justicia emitió un enérgico llamado a la opinión pública y a las autoridades judiciales para garantizar el respeto irrestricto a las garantías constitucionales en el proceso que involucra a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. La organización enfatiza que, bajo el Artículo 29 de la Constitución Política, el debido proceso, el derecho a la defensa y la presunción de inocencia son pilares inalienables que no pueden ser vulnerados por presiones externas o narrativas mediáticas.
La principal preocupación radica en presuntas actuaciones comunicativas selectivas por parte del fiscal del caso con ciertos medios de comunicación. Según el abogado y vocero de la organización, Diego Pérez, estas prácticas podrían violar los deberes funcionales de la Ley 1952 de 2019 (Código General Disciplinario). Pérez advirtió que la función investigativa no otorga facultades para construir «escenarios de juzgamiento paralelo» ni para anticipar valoraciones técnicas fuera del expediente judicial, lo que podría derivar en acciones ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
El sustento jurídico de la Veeduría se apoya en la jurisprudencia de la Corte Constitucional, citando sentencias como la C-774 de 2001 y la T-219 de 2015. Estas decisiones judiciales advierten que la estigmatización mediática erosiona la legitimidad de la justicia y vulnera el derecho al buen nombre. En este sentido, se recuerda que el derecho a informar (Artículo 20) no es absoluto y encuentra sus límites cuando se compromete la honra y la posibilidad de un juicio justo para cualquier ciudadano, independientemente de su cargo.
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Finalmente, la organización reiteró que, en una democracia sólida, la justicia debe impartirse en los estrados y no en los titulares de prensa. El principio del derecho penal garantista establece que el juicio debe basarse en hechos probados y no en la relevancia pública del investigado.
