A través de su red de monitoreo Piragua, Corantioquia alertó sobre la disminución de la disponibilidad hídrica del río Magdalena en el Magdalena Medio antioqueño, una situación que podría generar impactos ambientales y económicos si las condiciones de sequía persisten.

De acuerdo con el seguimiento de la autoridad ambiental, durante julio de 2026 la estación Peñas Blancas, ubicada en Yondó y operada por el IDEAM, registró niveles del río aproximadamente 25 % por debajo de su promedio histórico.

El comportamiento estaría relacionado con una reducción cercana al 30 % en las lluvias de la región, según el análisis de información satelital correspondiente a los últimos 20 años.

Corantioquia explicó que, aunque la disminución de los niveles del río es un comportamiento esperado para esta época del año, las condiciones asociadas al fenómeno de El Niño estarían intensificando sus efectos.

Riesgo para ecosistemas y comunidades

La reducción de los niveles del Magdalena genera presión sobre los ecosistemas ribereños y puede alterar los ciclos reproductivos de especies acuáticas. Esta situación también preocupa a las comunidades y pescadores del Magdalena Medio antioqueño, cuyos medios de vida dependen en buena medida del río.

La autoridad ambiental advirtió que una eventual prolongación de la sequía podría aumentar los riesgos para la biodiversidad y el abastecimiento de agua, especialmente ante la disminución de los caudales de nacimientos, quebradas y ríos tributarios.

A esto se suman las altas temperaturas, que pueden contribuir a reducir el oxígeno disuelto en el agua. La menor capacidad de dilución de contaminantes también incrementa el riesgo de afectaciones sobre la calidad del recurso hídrico y de eventos como la mortandad de peces.

Según las proyecciones citadas por Corantioquia, no se espera una recuperación inmediata de los niveles hídricos, por lo que la entidad está priorizando acciones de prevención y preparación en los municipios de su jurisdicción.

Corantioquia prepara a las comunidades

Las oficinas territoriales de la autoridad ambiental adelantan procesos de capacitación con las comunidades y entregan herramientas para facilitar la comprensión de la magnitud de la sequía y sus posibles efectos en cada territorio.

La directora general de Corantioquia, Liliana María Taborda González, hizo un llamado a anticiparse a los posibles impactos de la reducción de los niveles de agua.

“Como Corantioquia estamos en la necesidad de actuar de manera preventiva, recordemos las lecciones del evento de El Niño en 2015, no queremos que las consecuencias de no actuar a tiempo afecten a nuestras comunidades, por lo que es imperativo anticipar las afectaciones al comercio y a los medios de vida locales”.

La entidad recordó que la prevención resulta especialmente importante para las comunidades ribereñas y sectores productivos que dependen directamente del comportamiento del río.

Recomendaciones ante la disminución de los niveles del río

Corantioquia recomendó a los municipios y sectores productivos adoptar medidas preventivas, entre ellas:

• Priorizar el consumo humano: promover el ahorro de agua, el almacenamiento seguro y la reducción temporal de usos no esenciales.
• Fortalecer el monitoreo: realizar seguimiento permanente a los niveles y caudales y coordinar acciones con los consejos municipales de gestión del riesgo.
• Reportar cambios en la fauna: pescadores y comunidades pueden informar sobre modificaciones en el comportamiento de los peces, olores inusuales, cambios en la coloración del agua o mortandad de especies.
• Proteger fuentes hídricas y fauna: conservar humedales, ciénagas y caños para mantener la conectividad ecológica y evitar quemas.
• Controlar vertimientos: revisar los puntos de descarga y el manejo de residuos, especialmente en zonas donde la baja capacidad de dilución pueda incrementar los riesgos sanitarios.
• Identificar puntos críticos: ubicar zonas vulnerables de captación de agua, áreas de pesca y rutas de movilidad fluvial que puedan verse afectadas por los bajos niveles.

La autoridad ambiental insistió en que el seguimiento de las condiciones hidrológicas y la adopción temprana de medidas pueden ayudar a reducir el impacto de la sequía sobre las comunidades, los ecosistemas y las actividades productivas del Magdalena Medio antioqueño.

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La familia había sido informada de su muerte y de que sus restos habían sido inhumados en el Cementerio de La Unión Peneya, en el municipio de La Montañita, Caquetá. Sin embargo, durante más de dos décadas desconoció la ubicación exacta del cuerpo y mantuvo la búsqueda para conocer su paradero.

La identificación y recuperación de Nora fueron posibles en el marco de las medidas cautelares adoptadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre el Cementerio de La Unión Peneya, dentro del Caso 07, que investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

Recuperaron 47 cuerpos en el cementerio

Las medidas adoptadas por la JEP permitieron proteger sitios de interés forense en el cementerio y facilitar acciones de búsqueda e identificación desarrolladas de manera conjunta por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Grupo de Apoyo Técnico Forense (GATEF) de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP.

En estas labores fueron recuperados 47 cuerpos de víctimas del conflicto armado, entre ellos los de niñas y niños que habrían sido reclutados por las antiguas Farc-EP.

Entre los cuerpos recuperados se encontraba el de Nora, cuya identidad fue establecida con apoyo del Instituto Nacional de Medicina Legal. En junio de 2026, sus restos fueron entregados dignamente a sus familiares, en un proceso articulado entre la UBPD, Medicina Legal y el despacho relator del Caso 07 de la JEP.

La ceremonia permitió a sus familiares cerrar un capítulo de más de dos décadas de búsqueda y despedirla en condiciones de dignidad y respeto.

Una familia marcada por la desaparición

Durante 26 años, la familia de Nora mantuvo la esperanza de encontrarla. La búsqueda fue encabezada inicialmente por su madre, quien falleció sin conocer el destino de su hija, y posteriormente por una de sus hermanas.

La historia familiar también está marcada por otras desapariciones. Otra hermana de Nora habría sido reclutada por las extintas Farc-EP cuando era menor de edad y se presume que murió, aunque sus restos todavía no han sido encontrados.

Además, un hermano que ingresó a esa organización armada cuando era adulto también permanece desaparecido.

Estas pérdidas convirtieron la búsqueda de Nora en una lucha familiar por conocer la verdad y recuperar los restos de sus seres queridos.

El recuerdo de una niña alegre

Durante la entrega digna, sus hermanos recordaron a Nora como una niña alegre, responsable y sonriente, a quien le gustaba estudiar, jugar, compartir con su familia y ayudar en las labores del campo.

“Recuerdo que con ella bajábamos guamas, arrancábamos yucas, y a veces nos picaban las avispas cuando jugábamos en los árboles”, relató una de sus hermanas durante la ceremonia.

Otra de sus familiares expresó: “Siempre estarás en nuestros corazones, que tengas un feliz viaje hacia la eternidad. Nos vemos más adelante”.

Para sus hermanos, la última imagen que permanece de Nora es la de una niña pequeña cuya ausencia cambió para siempre la historia de la familia.

Como parte del acto de dignificación, la JEP entregó a sus familiares una planta de bambú, como símbolo de fortaleza, resiliencia y perseverancia frente a los años de búsqueda.

El gesto también representó el reconocimiento a una familia que mantuvo viva la esperanza de encontrar a Nora y conocer la verdad sobre lo ocurrido con ella.

Más de 40 personas han sido recuperadas

El caso de Nora se suma a los resultados de las labores de búsqueda e identificación adelantadas en el marco del Caso 07.

Según la JEP, 40 personas desaparecidas han sido recuperadas, identificadas y entregadas dignamente a sus familias en diferentes departamentos del país, entre ellos Caquetá, Guaviare, La Guajira, Antioquia, Tolima, Meta, Caldas, Santander, Boyacá, Cundinamarca y Sucre.

De este grupo, 29 corresponden a víctimas de reclutamiento y utilización, y ocho de ellas murieron cuando todavía eran niñas o niños.

El Caso 07 investiga el reclutamiento y utilización de niñas y niños durante el conflicto armado. En marzo de 2026, la JEP informó que los seis integrantes del último Secretariado de las Farc-EP reconocieron su responsabilidad como máximos responsables por estos hechos.

Posteriormente, mediante el Auto 07 del 25 de marzo de 2026, la Sala de Reconocimiento de Verdad llamó a reconocer responsabilidad a otros 20 antiguos integrantes de esa organización por su liderazgo regional y participación determinante en estos crímenes.

La recuperación de los restos de Nora representa para su familia el final de una espera de 26 años y, al mismo tiempo, un paso en el proceso de verdad y memoria de las víctimas del conflicto armado.

Por razones de seguridad y protección de la identidad de la familia, el nombre de la víctima fue cambiado.

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Las acciones fueron desarrolladas mediante un trabajo articulado entre la Alcaldía de Itagüí, la Policía Nacional y el GAULA, con intervenciones en sectores como las veredas El Ajizal y El Porvenir.

Capturado señalado de coordinar homicidios

Entre los detenidos se encuentra un hombre conocido con los alias de ‘Matías’ o ‘El Indio’, señalado por las autoridades como presunto coordinador del grupo delincuencial.

El procedimiento se realizó en la vereda El Ajizal, donde los uniformados le encontraron dos revólveres y munición.

De acuerdo con la investigación, el hombre estaría presuntamente relacionado con homicidios selectivos registrados en el sector de El Porvenir y el barrio Santa María.

Su situación jurídica quedó en manos de las autoridades competentes, que deberán determinar su responsabilidad dentro del proceso judicial.

Dos extorsiones fueron evitadas

Los otros dos operativos estuvieron relacionados con investigaciones por extorsión en El Ajizal y El Porvenir. En estas acciones fueron capturadas otras cuatro personas, señaladas de realizar presuntas exigencias económicas a habitantes de la zona.

En uno de los casos, según la investigación, los presuntos responsables exigían $6 millones a una víctima para permitir la continuidad de una construcción. Ante la negativa al pago, habrían incinerado una motocicleta.

En el segundo caso, la exigencia habría sido de $1,5 millones, acompañada de amenazas y agresiones contra la víctima.

En conjunto, las dos operaciones permitieron evitar el pago de $7,5 millones y afectar, según las autoridades, las capacidades de la estructura delincuencial para realizar actividades de extorsión.

Autoridades destacan trabajo articulado

El alcalde de Itagüí, Diego Torres, destacó el resultado de los operativos y aseguró que continuarán las acciones contra las estructuras delincuenciales que operan en el municipio.

“En Itagüí las estructuras delincuenciales no tienen cabida. Estos resultados demuestran que el trabajo articulado sigue dando resultados contundentes en nuestra ciudad”, manifestó el mandatario.

La Administración Municipal señaló que, junto con la Policía Nacional y las demás autoridades, continuará desarrollando acciones de prevención, investigación y reacción tanto en la zona urbana como rural.

Los capturados fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el desarrollo de las respectivas actuaciones judiciales.

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Mientras la administración asegura que busca una solución definitiva a las fallas en la recolección de residuos, el anuncio de retirarse de Bello Aseo y avanzar hacia un nuevo esquema de prestación del servicio plantea un interrogante inevitable: ¿se trata únicamente de solucionar el problema de las basuras o la Alcaldía de Bello está preparando el camino para tener un mayor control sobre el negocio del aseo en el municipio?

La pregunta queda sobre la mesa luego de que la administración anunciara que venderá su participación del 25 % en Bello Aseo y, paralelamente, fortalecerá a Bello Smart City, empresa pública a la que recientemente se le amplió su objeto social para incluir el servicio de aseo.

La Alcaldía de Bello, en procura de solucionar la problemática de las basuras, se retirará de la sociedad Bello Aseo.@AlcaldiadeBello @Lore_GonzalezOs @Camtamayo_ @BelloAseo #CnNews #CristobalNaranjo pic.twitter.com/hQofCcDbqZ

— Cristóbal Naranjo (@cristobanaranjo) August 21, 2026

La Alcaldía quiere cambiar el modelo del aseo

La administración de Lorena González sostiene que su participación del 25 % en Bello Aseo no le permite tomar decisiones de fondo y que las constantes fallas en la recolección obligaron a adoptar una medida estructural.

Según la Alcaldía, después de varios llamados de atención y procesos sancionatorios, el servicio volvió a presentar dificultades en diferentes sectores desde julio. La solución planteada consiste en retirar la participación municipal de Bello Aseo y buscar un nuevo aliado para operar el servicio junto con Bello Smart City.

Pero aquí aparece uno de los puntos que merece mayor explicación pública: la Alcaldía asegura que el futuro aliado privado no podrá tener más del 49 % de participación, mientras que el control quedaría en manos de la institucionalidad bellanita.

¿Quién será ese nuevo operador? ¿Cómo será seleccionado? ¿Cuánto costará el nuevo modelo? ¿Qué condiciones tendrá el contrato? ¿Qué experiencia deberá acreditar el eventual socio privado? ¿Y cuáles serán los mecanismos para garantizar que el cambio no termine convirtiéndose en un negocio más costoso para los ciudadanos? Son preguntas que la administración deberá responder con absoluta transparencia.

¿Y qué pasará con los escombros y residuos de construcción?

Otro punto que genera inquietud en medio de la discusión es qué residuos están realmente incluidos dentro de las obligaciones del operador del servicio de aseo. La ciudadanía observa calles con acumulación de basura, muebles abandonados, escombros y residuos de construcción. Sin embargo, no todos estos materiales necesariamente hacen parte de la misma categoría de residuos ni tienen idénticas obligaciones de recolección.

Por eso, más allá de responsabilizar de manera general al operador, la administración debería explicar con claridad qué debe recoger Interaseo, qué corresponde a otros servicios especializados y qué responsabilidad tienen los ciudadanos que arrojan muebles, escombros o residuos especiales en el espacio público.

Si el nuevo modelo pretende resolver la crisis, esa delimitación tendrá que quedar perfectamente establecida. De lo contrario, existe el riesgo de que el municipio cambie de operador sin solucionar el problema de fondo.

La Administración busca una solución de fondo a través de Bello Smart City, que ya está facultada para incluir el servicio de aseo.

Se buscará un aliado para prestar el servicio, manteniendo hasta un 49 % de participación pública.

🔎 Más información: https://t.co/uaFK1Oezca

— Alcaldía de Bello (@AlcaldiadeBello) August 21, 2026

Una empresa pública que ahora tendrá un papel central

La decisión adquiere especial relevancia porque Bello Smart City, empresa de servicios públicos del municipio, recibió mediante el Acuerdo 010 del 31 de julio de 2026 la posibilidad de incorporar el servicio de aseo dentro de su objeto social.

La Alcaldía sostiene que esta estructura permitirá tomar decisiones con mayor capacidad institucional. Pero precisamente por eso resulta necesario conocer los detalles.

¿Cuánto dinero necesitará Bello Smart City para entrar al negocio? ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Qué infraestructura tendrá? ¿Qué experiencia técnica posee? ¿Cuánto costará contratar al nuevo aliado? Y, sobre todo, ¿qué mecanismos de vigilancia tendrán los ciudadanos y el Concejo Municipal para verificar que el nuevo modelo funcione?

La administración no puede limitarse a decir que tendrá mayor capacidad de decisión. Debe demostrar que esa mayor capacidad se traducirá en un mejor servicio y no simplemente en mayor control político y administrativo sobre un negocio de millones de pesos.

Las basuras ya eran un problema antes del anuncio

La Alcaldía afirma que desde diciembre de 2025 venía reclamando por las deficiencias del servicio y que posteriormente puso la situación en conocimiento de la Superintendencia de Servicios Públicos. Es decir, la crisis no apareció de un día para otro.

Durante meses los habitantes de Bello han tenido que soportar problemas relacionados con la acumulación de residuos, mientras la administración y el operador intercambian responsabilidades.

Por eso también cabe preguntarse: si la Alcaldía conocía la situación desde finales del año pasado, ¿por qué se llegó a un escenario que ahora obliga a desmontar el modelo y buscar un nuevo operador?

La respuesta a esa pregunta es fundamental para determinar si hubo una falla de gestión, una incapacidad del operador o problemas estructurales en el esquema actual.

Aseo, contratación y control: las preguntas que quedan abiertas

El cambio anunciado por la Alcaldía puede ser una oportunidad para solucionar definitivamente el problema de las basuras en Bello.

Pero también representa una decisión de alto impacto económico y administrativo que merece control ciudadano, vigilancia de los organismos de control y absoluta transparencia en cada etapa del proceso.

Si el municipio va a modificar su participación en Bello Aseo, fortalecer a Bello Smart City y buscar un nuevo socio privado para operar el servicio, los ciudadanos tienen derecho a conocer todos los detalles.

¿Quién será el nuevo operador? ¿Cómo será escogido? ¿Cuánto dinero moverá el nuevo modelo? ¿Qué porcentaje terminará manejando el privado? ¿Qué garantías tendrá el municipio? ¿Qué residuos deberá recoger el operador? ¿Y quién responderá por los muebles, escombros y residuos especiales que hoy terminan abandonados en las calles? La discusión apenas comienza.

Y mientras la Alcaldía presenta su decisión como una medida para recuperar el control del servicio, queda una pregunta que la administración tendrá que responder con hechos y no únicamente con anuncios: ¿El objetivo es acabar con el problema de las basuras o construir un nuevo modelo de negocio alrededor del aseo en Bello?

La respuesta deberá estar respaldada por documentos, contratos, estudios financieros y procesos de selección transparentes. Porque, al final, el verdadero dueño de la discusión es el ciudadano que paga el servicio y tiene derecho a recibir una ciudad limpia.

 

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Ante las preguntas formuladas por Nación Paisa, el comunicador de la Alcaldía de Bello, Camilo Tamayo, se limitó a remitir al comunicado oficial publicado por la Administración Municipal y señaló que “sobre el asunto estaremos informando los avances”. Asimismo, pidió que sus respuestas no fueran sacadas de contexto. La alcaldesa Lorena González Ospina no atendió directamente la solicitud de Nación Paisa ni respondió las preguntas planteadas sobre el nuevo modelo del servicio de aseo, por lo que estos interrogantes permanecen abiertos a la espera de una explicación más detallada por parte de la Administración Municipal.

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La operación se desarrolló en la vereda La Montera, como parte de las acciones adelantadas por el Ejército Nacional para combatir las actividades de minería ilegal y sus posibles impactos sobre los recursos naturales.

En el procedimiento participaron tropas del Batallón de Ingenieros de Combate N.° 4 de la Cuarta Brigada, en coordinación con la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Antioquia.

Intervención de dragas y socavones

Durante la operación fueron identificadas e intervenidas seis unidades de producción minera (UPM): cuatro correspondían a artefactos fluviales y dos a socavones.

Como parte del procedimiento fueron inutilizadas cuatro dragas artesanales tipo buzo y se intervinieron los dos socavones. Además, ocho personas fueron capturadas en flagrancia y quedaron a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.

De acuerdo con las autoridades, la operación generó una afectación económica estimada en $45 millones. Asimismo, se calcula que las actividades intervenidas podían alcanzar una producción de aproximadamente 6.000 gramos de oro mensuales, cuyo valor estimado superaría los $3.100 millones.

Esta última cifra corresponde a la producción mensual estimada y no a dinero o bienes incautados durante el operativo.

Impacto ambiental bajo investigación

Las autoridades señalaron que el uso de dragas tipo buzo en el cauce del río Medellín puede generar un aumento de sedimentos y afectar la calidad del agua.

En el caso de los socavones, las actividades mineras intervenidas estarían relacionadas con remoción localizada del suelo y pérdida de cobertura vegetal.

La operación hace parte de las acciones que adelantan las autoridades en Antioquia para combatir la explotación ilícita de recursos naturales y reducir los impactos ambientales asociados a estas actividades.

Las ocho personas capturadas quedaron a disposición de las autoridades competentes, que deberán definir su situación jurídica y avanzar en las investigaciones correspondientes.

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La decisión quedó establecida en la Resolución 002230 del 20 de agosto de 2026 y elimina temporalmente una condición incluida en una resolución de 2019 que obligaba a descargar por las turbinas y el vertedero el mismo caudal que ingresaba al embalse.

Según la ANLA, la medida busca fortalecer la capacidad de regulación del embalse ante un posible escenario de menores precipitaciones y aportes hídricos asociados al fenómeno de El Niño. La autorización permitirá aprovechar periodos de mayores caudales para incrementar de manera gradual las reservas de agua.

Actualmente, el embalse se encuentra alrededor de la cota 408 metros sobre el nivel del mar. Bajo las condiciones ambientales, hidráulicas, geotécnicas y operativas establecidas, EPM podrá avanzar de forma controlada en el aumento de su nivel.

Hidroituango podría almacenar 390 millones de metros cúbicos adicionales

De acuerdo con la información entregada por EPM, el aumento del nivel del embalse podría representar aproximadamente 390 millones de metros cúbicos adicionales de agua almacenada.

Esta reserva permitiría contar con mayor disponibilidad de agua durante los meses de menores aportes y fortalecer la capacidad de Hidroituango para atender la demanda energética del país.

Además, un mayor nivel del embalse permite aprovechar de manera más eficiente el recurso hídrico. Al aumentar la altura del agua sobre las turbinas, se incrementa la presión con la que llega a las unidades de generación, lo que permite producir una determinada cantidad de energía utilizando menos agua.

La medida, por tanto, busca no solo aumentar las reservas, sino también mejorar el aprovechamiento del recurso durante un eventual periodo de bajos aportes.

Monitoreo permanente sobre el río Cauca

La autorización establece que durante el proceso de almacenamiento deberán mantenerse las condiciones de protección ambiental, social y operativa.

EPM deberá realizar un seguimiento permanente de las condiciones hidrológicas, hidráulicas, ambientales, geotécnicas y sociales, mientras aumenta de manera gradual el nivel del embalse.

La regla de operación contempla límites para las variaciones de las descargas, con el propósito de evitar cambios abruptos en los caudales del río Cauca aguas abajo.

Paralelamente, EPM continuará con las labores de manejo ambiental en las zonas que podrían quedar cubiertas por el aumento del nivel del embalse. Estas actividades incluyen rescate de flora, manejo de fauna, intervención de cobertura vegetal y gestión de biomasa.

La decisión de la ANLA se produce mientras el sistema energético colombiano se prepara para un posible periodo de menores aportes hídricos. En ese contexto, Hidroituango podrá aprovechar los momentos de mayor disponibilidad de agua para fortalecer sus reservas y utilizarlas posteriormente durante los meses de mayor demanda y menor generación hídrica.

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De acuerdo con el reporte, 156.994 familias y 317.137 personas han resultado afectadas por la emergencia. El número de víctimas mortales asciende a 329 personas, mientras que 4.600 resultaron heridas y 234 permanecen desaparecidas. En las labores de búsqueda y rescate han sido encontradas con vida 364 personas.

El impacto también es considerable en materia de vivienda. Las autoridades reportan 175.397 viviendas averiadas y 31.460 destruidas. A esto se suman 5.884 edificios afectados y 574 edificaciones que colapsaron.

La infraestructura esencial también presenta daños. Según el balance, 378 centros de salud, 3.726 centros educativos y 4.248 centros comunitarios resultaron afectados. También se registran daños en 430 vías, cinco aeropuertos, 115 acueductos, 70 puentes vehiculares y 15 puentes peatonales.

La emergencia también ha afectado a los animales. Hasta el momento se contabilizan 1.757 animales afectados y 2.847 rescatados durante las labores de atención.

Las autoridades y organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda, rescate, atención a las comunidades y evaluación de daños en las zonas impactadas. El balance podría continuar modificándose a medida que avancen las labores y se consolide la información reportada desde los territorios.

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