La denuncia señala a la Federación Colombiana de Municipios, a su presidente, Gilberto Toro Giraldo, y a empresas vinculadas con la operación del SIMIT. Según el abogado Ricardo Ruge Cabrera, cerca de 7,5 millones de colombianos podrían estar afectados por las actuaciones cuestionadas.*

Una denuncia presentada ante la Fiscalía General de la Nación puso en discusión el manejo de los recursos provenientes de las multas de tránsito y los modelos de contratación relacionados con el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT).

La acción, impulsada por el abogado Ricardo Ruge Cabrera en representación de un grupo de conductores, señala presuntas irregularidades en las operaciones de la Federación Colombiana de Municipios, su presidente, Gilberto Toro Giraldo, y la empresa DICITEC SEM S.A.S.

Según el abogado, existirían posibles anomalías en los mecanismos de contratación y administración de los recursos, que habrían permitido la participación de operadores privados en actividades relacionadas con el recaudo y la gestión de las multas de tránsito, sin que se adelantaran los procesos de selección pública que, a su juicio, corresponderían.

La denuncia sostiene que DICITEC SEM S.A.S. habría tenido un papel relevante en este modelo de operación, mediante su articulación con la Federación Colombiana de Municipios y el SIMIT. Estas afirmaciones hacen parte de los señalamientos que deberán ser examinados por las autoridades competentes.

## Denuncian posible detrimento patrimonial y reclaman devolución de recursos

Uno de los aspectos centrales de la denuncia tiene que ver con el presunto detrimento patrimonial. De acuerdo con las cifras expuestas por Ruge Cabrera, la estimación inicial se ubicaba en $98.000 millones, posteriormente habría aumentado a $170.000 millones y, tras una segunda revisión, alcanzaría una cifra cercana a los $500.000 millones.

El abogado también invoca la sentencia 196-08-2026, de segunda instancia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que, según su interpretación, ordenó la devolución de recursos que no podían ser apropiados por la Federación Colombiana de Municipios y debían transferirse a los organismos de tránsito municipales.

La denuncia fue radicada ante la Fiscalía General de la Nación con el número 2026201305514361. En ella se solicita investigar las actuaciones relacionadas con los modelos de contratación, la adjudicación y ejecución de contratos y la administración de los recursos provenientes de las multas.

Según las estimaciones presentadas por el abogado, cerca de 7,5 millones de colombianos estarían involucrados en las reclamaciones. De ese universo, aproximadamente seis millones figurarían como deudores o tendrían medidas de embargo, mientras que otros 1,5 millones ya habrían pagado los comparendos y, según el planteamiento de los denunciantes, tendrían derecho a reclamar la devolución del dinero.

Estas cifras corresponden a los cálculos expuestos por los promotores de la acción y no constituyen, por sí mismas, una declaración judicial sobre la ilegalidad de los comparendos o el derecho individual de cada ciudadano a recibir un reembolso.