La Sala de Juzgamiento de la Corte Suprema de Justicia condenó a 23 años de prisión al senador Ciro Ramírez, tras hallarlo responsable de participar en un entramado de corrupción que habría desviado cerca de $90.000 millones destinados a obras públicas.
El fallo, emitido el 25 de marzo de 2026, concluye que el congresista incurrió en irregularidades durante el periodo 2020-2022, utilizando su posición para influir en la asignación de recursos vinculados al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS).
Contratos direccionados y reparto de recursos
De acuerdo con la sentencia, el esquema se basó en la manipulación de procesos contractuales y la adjudicación direccionada de proyectos de infraestructura. La Corte estableció que los contratos fueron entregados a personas y empresas previamente seleccionadas, en medio de acuerdos ilícitos.
Uno de los principales hechos investigados se remonta a noviembre de 2021, cuando, días antes de la entrada en vigencia de la Ley de Garantías, se firmó el contrato interadministrativo 670 entre el DPS y la Empresa para el Desarrollo Territorial Proyecta, por un valor cercano a $48.660 millones.
Según el expediente, este contrato se convirtió en el eje de la distribución irregular de obras e interventorías, acompañadas de pagos ilegales que superarían los $1.000 millones.
Reuniones clave y estructura del entramado
La Corte detalló que el caso tuvo origen en un acuerdo entre el senador Ramírez y Pablo César Herrera, asesor de Proyecta. Ambos, junto con el entonces subdirector del DPS, Pierre García, habrían participado en reuniones estratégicas para estructurar el convenio que permitió ejecutar el plan.
Las investigaciones evidencian que proyectos en departamentos como Tolima, Quindío y Caldas fueron asignados a redes específicas. Entre ellas, una liderada por Raúl Alfonso Cardozo Ordóñez, encargada de definir los beneficiarios finales de los contratos.
Asimismo, obras en municipios como Mariquita, Purificación, Villarrica y Melgar habrían sido adjudicadas a empresas vinculadas con Anderson González González.
El alto tribunal concluyó que el objetivo del esquema era consolidar poder político regional mediante la distribución de recursos públicos y el pago de sobornos.
Decisiones en el caso “Marionetas 2”
En contraste, la Corte Suprema decidió en 2025 no abrir investigación contra otros congresistas mencionados en el caso conocido como “Las Marionetas 2”. Según el alto tribunal, no se encontraron pruebas que vincularan a los senadores Carlos Abraham Jiménez, Juan Samy Merheg, Juan Felipe Lemos y Carlos Fernando Motoa con los hechos investigados.
La decisión se basó en la ausencia de evidencias distintas a los señalamientos del testigo clave, Pablo César Herrera, cuyos testimonios no fueron suficientes para sustentar una imputación formal.
Un fallo con impacto político
La condena contra Ciro Ramírez marca un nuevo episodio en los procesos judiciales contra funcionarios públicos por corrupción en Colombia, en un caso que evidencia la utilización de la contratación estatal para fines políticos y el manejo irregular de recursos destinados a inversión social.
