Claudia Victoria Carrasquilla Minami construyó buena parte de su trayectoria pública alrededor de una imagen de funcionaria implacable contra las estructuras criminales. Sin embargo, mientras ocupa uno de los cargos de mayor responsabilidad en materia de seguridad del Gobierno nacional, la exfiscal enfrenta un proceso penal que ya superó la etapa de imputación y acusación y que deberá resolverse ante los jueces.
El caso está relacionado con actuaciones realizadas cuando Carrasquilla se desempeñaba como fiscal 27 Especializada contra el Crimen Organizado en Medellín.
De acuerdo con la información conocida sobre el expediente, la investigación se originó en una denuncia presentada por William Fernando Molina, entonces patrullero de la Policía en Valledupar, quien posteriormente enfrentó un proceso por los delitos de concierto para delinquir agravado y hurto calificado agravado. Molina denunció a Carrasquilla y a cuatro integrantes de su equipo de policía judicial.
El cuestionamiento que terminó llevándola ante los jueces
El núcleo de la acusación está relacionado con varias declaraciones juradas realizadas en centros penitenciarios de Valledupar. Según la denuncia y la hipótesis de la Fiscalía, Carrasquilla habría firmado documentos como fiscal pese a que presuntamente no estuvo presente en el momento en que se tomaron algunas de las declaraciones.
La denuncia sostiene que un investigador ingresaba a las cárceles, recogía las versiones y posteriormente obtenía las firmas de funcionarios y de la entonces fiscal en otros lugares El señalamiento no significa que esos hechos estén judicialmente demostrados. Precisamente, ese será uno de los asuntos que deberá determinarse durante el proceso penal. Carrasquilla conserva la presunción de inocencia.
La Fiscalía la imputó el 5 de diciembre de 2024. Posteriormente presentó el escrito de acusación el 4 de abril de 2025 y la formulación de acusación se realizó el 20 de mayo de ese año.
Nos vendieron a Claudia Carrasquilla como la justicia implacable y hoy está formalmente acusada por presuntamente firmar diligencias carcelarias fantasma según Caracol. Lleva 4 audiencias aplazadas, pero Abelardo la premió con el Viceministerio de Defensa. pic.twitter.com/qVIWmURZa5
— Miguel Gutiérrez C.✊🏻 (@miguelgutierce) September 29, 2026
Un proceso que sigue abierto mientras ejerce como viceministra
El elemento que vuelve especialmente relevante el caso es que el proceso penal no terminó con su llegada al Gobierno nacional.
Carrasquilla asumió en agosto de 2026 como viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad, cargo desde el cual participa en asuntos relacionados con las políticas de seguridad y defensa del país. Su designación ocurrió mientras el proceso judicial permanecía abierto.
La audiencia preparatoria ha sido programada en varias oportunidades y no se ha podido concretar. De acuerdo con los reportes publicados sobre el proceso, las fechas incluyeron octubre de 2025 y posteriormente enero, abril, julio y septiembre de 2026.
Esto significa que una funcionaria que hoy hace parte de la cúpula del Ministerio de Defensa continúa teniendo pendiente ante la justicia un proceso originado en actuaciones de su época como fiscal.
No es solamente un proceso penal
El expediente contra Carrasquilla tampoco se limita al escenario penal.
La Procuraduría General de la Nación documentó la formulación de un pliego de cargos contra Claudia Victoria Carrasquilla Minami en agosto de 2025, cuando se desempeñaba como concejal de Medellín. El proceso disciplinario quedó identificado con los radicados IUS-E-2024-242722 e IUC-D-2024-3579957.
El pliego de cargos, al igual que una imputación o una acusación penal, no constituye una condena. En el proceso disciplinario también deben garantizarse el debido proceso y el derecho de defensa.
Pero el dato institucional resulta relevante: mientras Carrasquilla avanzaba en su carrera política y posteriormente llegaba al Gobierno nacional, ya existían actuaciones formales de autoridades judiciales y disciplinarias relacionadas con su pasado como funcionaria pública.
La defensa de Carrasquilla
Carrasquilla ha rechazado las acusaciones y sostiene que es inocente. También ha cuestionado públicamente el proceso y ha señalado que se trataría de una persecución política. Estas afirmaciones corresponden a su posición de defensa y no constituyen una conclusión judicial.
La determinación sobre si las conductas atribuidas por la Fiscalía ocurrieron y si existe responsabilidad penal corresponderá exclusivamente a los jueces.
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Del discurso contra el crimen al banquillo judicial
La situación adquiere una dimensión particular por el perfil público que Carrasquilla construyó durante su paso por la Fiscalía.
La funcionaria fue conocida públicamente como “la fiscal de hierro” por su participación en investigaciones contra organizaciones criminales. Posteriormente llegó al Concejo de Medellín y, en agosto de 2026, pasó al Gobierno nacional como viceministra de Defensa.
Ahora, la misma funcionaria que hizo de la lucha contra el crimen uno de los ejes centrales de su trayectoria política deberá comparecer ante los jueces para responder por hechos que, según la acusación, estarían relacionados con su propia actuación durante su etapa como fiscal.
No se trata de una condena ni permite anticipar el resultado del proceso. Pero sí existe un hecho que difícilmente puede ser ignorado: la actual responsable de apoyar la formulación y coordinación de políticas de seguridad del país tiene un proceso penal abierto y un expediente disciplinario relacionado con su actuación como funcionaria pública.
El juicio tendrá que establecer si las conductas atribuidas por la Fiscalía fueron cometidas y si existe responsabilidad penal. Hasta entonces, Carrasquilla mantiene la presunción de inocencia y podrá ejercer su derecho de defensa ante los jueces.
