El Consejo de Estado se manifestó respecto a la circular emitida por el presidente Gustavo Petro, que prohibía a personas naturales suscribir más de un contrato con el Estado. A través del expediente 69231, el tribunal declaró la nulidad de la medida, argumentando que excedía las competencias ejecutivas.

En la directriz que había dado el presidente de la República, estaba especificado que “las entidades públicas no podrán justificar la celebración de contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión por insuficiencia de personal de planta para evacuar el respectivo trabajo, si tales contratos serán suscritos con personas naturales que ya tienen otros contratos de prestación de servicios con otras entidades públicas”.

¿Porqué falló el Consejo de Estado en contra de la circular?

La decisión del alto tribunal se da tras el estudio de una demanda del abogado Joel Gaona, que indica que la norma estaba desconociendo la Constitución Política en sus artículos 6 y 150; así como el 12 de la Ley 153 de 1887, esto debido a que con esas restricciones existe reserva legal. Por lo tanto, el Congreso es el único competente para regular y legislar sobre el particular.

La medida fue tomada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado en tanto que, según esta, genera una incompatibilidad e inhabilidad sobre un tema que le concierne a la Rama Legislativa, no a la Ejecutiva.

“El establecimiento de una clara incompatibilidad para que una persona pueda ejecutar dos o más contratos de prestación de servicios, cuando al menos, uno de ellos sea de apoyo a la gestión, limitación que no tiene consagración constitucional ni legal”, menciona el documento.

En un intento inicial por mejorar la eficiencia de la contratación pública, el presidente de la República buscaba implementar un enfoque selectivo hacia la contratación de servicios. La medida proponía el uso preferencial de acuerdos contractuales de este tipo, mientras exigía una revisión exhaustiva de los empleos contratados previamente antes de emprender nuevos estudios o diseños.

La iniciativa apuntaba a optimizar los recursos y garantizar la calidad en la ejecución de proyectos, al mismo tiempo que imponía un riguroso escrutinio sobre las contrataciones existentes para asegurar la transparencia y la eficacia en el proceso de contratación pública.

La decisión establece un precedente sobre los límites de las acciones presidenciales. La anulación busca preservar el equilibrio de poderes y garantizar el cumplimiento de las normativas legales en la contratación de servicios con el Estado.