El registrador tiene la potestad de declarar una “excepción de inconstitucionalidad del decreto” al considerar que no tiene los requisitos exigidos por la ley y así frenar la convocatoria.
De momento, el registrador Penagos no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, se espera un pronunciamiento en la elección atípica que se llevarán a cabo este domingo 15 de junio en Vichada para la elección del nuevo gobernador.
En medio de estas tensiones por la convocatoria del decreto de la consulta popular, nueve partidos políticos enviaron una comunicación al registrador Hernán Penagos, para que no proceda a organizar el proceso electoral de la consulta popular para la reforma laboral, tal y como pretende el Gobierno.
Los partidos que enviaron la comunicación a Penagos son Cambio Radical, Centro Democrático, Conservador, Mira, Colombia Justa Libres, Verde Oxígeno, Liga Anticorrupción, Liberal, Nuevo Liberalismo. Se trata de las mismas colectividades que en la mañana demandaron el decreto.
Para estas bancadas, el decreto que convoca la consulta popular “es considerado como carente de sustento jurídico y en abierta contradicción con el orden constitucional vigente. La norma vulnera directamente varios principios y disposiciones fundamentales de la Constitución Política”.
Consideran que se viola el “Estado Social de Derecho y el principio de soberanía popular (Artículos 1 y 3); la separación de poderes y los límites constitucionales del Presidente de la República (Artículos 4, 113 y 121); el derecho al debido proceso (Artículo 29) y de forma particularmente grave, el mandato expreso del Senado de la República, que el pasado 14 de mayo negó formalmente la solicitud del Gobierno de convocar a consulta, requisito indispensable según el Artículo 104 de la Constitución y las leyes estatutarias 134 de 1994 y 1757 de 2015”.
A estas solicitudes se sumó el expresidente César Gaviria, que pidió al jefe de la Registraduría no ejecutar este decreto «para que prevalezca la constitución que ha sido violada».
Agrega que al tomar esta decisión «evita que se consume la arbitrariedad», se abrirá un compás de espera para que la justicia tenga tiempo de pronunciarse al respecto y además «respetará la constitución que juró cumplir».
Asimismo, el decreto también llego a la Corte Constitucional, el cual fue designado por sorteo al despacho del presidente de esa corporación, Jorge Enrique Ibáñez, para que estudie y tome una decisión jurídica del polémico documento firmado por el presidente y todo su gabinete.
