La senadora Isabel Cristina Zuleta quedó vinculada formalmente a una investigación de la Corte Suprema de Justicia por presunto abuso de función pública, a raíz de su participación en un allanamiento realizado en La Picota en julio de 2025.

Zuleta rindió indagatoria ante el magistrado Francisco Farfán, presidente de la Sala de Instrucción y ponente del caso. La diligencia, que se extendió por más de tres horas, le permite ejercer su defensa dentro de la actuación penal abierta por su intervención en el procedimiento.

La Sala de Instrucción abrió formalmente el proceso el 21 de agosto de 2026 por el presunto delito de abuso de función pública. Antes, la congresista había sido citada a una versión libre para el 26 de junio de 2026, diligencia que fue aplazada por un viaje internacional suyo.

El expediente examina si la senadora excedió las funciones que ejercía como coordinadora de acercamientos con estructuras criminales. La Corte busca establecer cuál fue su intervención concreta durante el operativo del 10 de julio de 2025 en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota, en Bogotá.

Durante ese allanamiento, agentes del CTI incautaron una pistola Glock de nueve milímetros tras recibir información de Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá. La investigación contempla la hipótesis de que el arma sería usada en un atentado contra Geovany Andrés Rojas, alias Araña, cabecilla de los Comandos de la Frontera que permanecía recluido en el mismo pabellón.

Marín Silva era señalado como cabecilla de La Inmaculada, estructura con injerencia en el norte del Valle. Fue extraditado a Estados Unidos el 3 de febrero de 2026 por cargos de narcotráfico y concierto para delinquir.

Para la época de los hechos, Zuleta había sido designada por el Gobierno de Gustavo Petro para coordinar acercamientos con estructuras criminales de Medellín y el Valle de Aburrá, dentro de un espacio de conversación sociojurídico. Esa labor fue formalizada mediante las resoluciones 452 de 2024 y 123 de 2026 de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz.

En ese rol, la congresista estaba autorizada para verificar la voluntad de sometimiento a la justicia de Pipe Tuluá. El entonces alto comisionado de paz, Otty Patiño, calificó la entrega del arma como un “gesto de paz”.

La senadora ha sostenido que avisó a Patiño cuando conoció la intención de entregar el arma y que su papel se limitó a presenciar el procedimiento. También afirmó que acompañó el allanamiento como observadora de paz para proteger la vida de una persona en riesgo. La Sala de Instrucción continuará el examen de su participación en la diligencia que terminó con la incautación.