El congelamiento del gasto público será la primera decisión fiscal que el equipo entrante de Abelardo De La Espriella planea activar al inicio de su mandato. El ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez Martínez, dijo que expedirá un decreto del 7 de agosto para frenar partidas no ejecutadas y revisar otros rubros antes de que se conviertan en obligaciones del Estado.
Qué busca el decreto y qué gastos se detendrían primero
Según Gómez Martínez, la idea es “parar lo que no ha arrancado”: detener de entrada la ejecución de recursos cuya puesta en marcha aún no haya comenzado. En paralelo, el decreto incorporaría un filtro previo para evaluar otros gastos antes de que “corran”, es decir, antes de que queden comprometidos como pagos futuros a cargo del Estado.
El ministro designado enmarcó el anuncio como una decisión de caja. En su diagnóstico, entre enero y abril el Estado habría gastado cerca de 40 billones de pesos al mes, mientras recauda alrededor de 28 billones de pesos. De acuerdo con su versión, la diferencia se ha cubierto con endeudamiento.
En ese mismo mensaje, cuestionó que el gasto siguiera aumentando pese a un decreto de austeridad del Gobierno saliente. También usó una comparación para dimensionar el peso de la deuda: afirmó que “un bebé al nacer hoy en Colombia ya debe 20 millones de pesos”.
Subsidios: se mantienen, pero el equipo habla de depuración y de una “lupa” a OPS
Gómez Martínez sostuvo que los subsidios dirigidos a poblaciones vulnerables “no se van a tocar”. Sin embargo, anticipó una depuración para identificar posibles beneficiarios “colados”, con el argumento de proteger los apoyos y reducir filtraciones que, en su lectura, presionan el gasto público.
El énfasis más duro lo puso en la contratación por órdenes de prestación de servicios. Con cifras que atribuyó a la Contraloría General, afirmó que en enero de 2026, antes de la Ley de Garantías, se firmaron 523.000 contratos por 33 billones de pesos. A partir de ese dato, cuestionó la “opacidad” para establecer cuántos de esos vínculos estarían relacionados con favores políticos.
Deuda, tributaria y el telón de fondo del empalme en la Casa de Nariño
Además del freno inicial al gasto, Gómez Martínez dijo que desde el 7 de agosto buscarán reperfilar la deuda, es decir, mover vencimientos de corto plazo para extenderlos. En sus estimaciones, la deuda habría subido de casi 900 billones de pesos en 2022 a unos 1.300 billones de pesos, y mencionó operaciones recientes a tasas que consideró inusualmente altas para la Nación.
En materia tributaria, anticipó que su primera apuesta será simplificar el Estatuto Tributario y reducir el número de tributos administrados por la Dian. También afirmó que propondrán eliminar el impuesto al patrimonio y que pedirán al Congreso no tramitar una reforma tributaria por 30 billones de pesos que, según él, el Gobierno de Gustavo Petro presentará el 20 de julio.
El anuncio se da en medio del empalme en la Casa de Nariño, donde han cruzado mensajes sobre la situación fiscal. El 3 de julio, Petro escribió en redes que aceptó el triunfo de De La Espriella —elegido el 21 de junio— para evitar hechos de violencia. Ese mismo día, el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, aseguró que su equipo trasladó “ocho alertas”, incluida la fiscal; desde el Gobierno saliente, el coordinador del empalme y ministro de Hacienda, Germán Ávila, cuestionó esos señalamientos y pidió que la información sea “oficial”.
