Una denuncia de alto impacto encendió las alarmas en el departamento del Putumayo, luego de que líderes campesinos señalaran a un mayor del Ejército Nacional de haber suplantado presuntamente a un grupo armado ilegal, intimidado a un habitante rural y provocado su desplazamiento forzado.
De acuerdo con el testimonio del presidente de la Federación Baluarte Campesina, Luis Vargas, el mayor Diego Armando Castro Villarreal, adscrito al Batallón de Despliegue Rápido N.º 17, habría ingresado a la inspección de El Recreo, vereda La Pradera (Puerto Guzmán), portando prendas asociadas al grupo armado “Comandos de Frontera”.
Según la denuncia, el oficial habría exigido pasta base de coca
Vargas relató que el oficial llegó a la zona acompañado de uniformados y confrontó a un campesino, presuntamente exigiéndole entregar una base de pasta de coca. Al negarse, el militar le habría insinuado que “ya la había vendido a la guerrilla”, para luego imponerle dos opciones: abandonar la región o pagar una multa.
Temeroso por su integridad, el campesino buscó en su vivienda el producto señalado y lo entregó. De acuerdo con la denuncia, el mayor también le exigió el celular y la cédula. Tras retirarse, el grupo habría vuelto a colocarse el uniforme del Ejército Nacional.
Campesino desplazado y riesgo para la comunidad
El campesino afectado abandonó la zona por miedo a represalias. Voceros rurales aseguran que hay temor colectivo por posibles retaliaciones contra la comunidad o los denunciantes.
Luis Vargas afirmó que al buscar explicaciones, el mayor Castro reaccionó con agresividad y los acusó de ser “auxiliares de Comandos de Frontera”, un señalamiento que los líderes califican como calumnioso y que, advierten, agrava su situación de riesgo.
Organizaciones campesinas solicitaron intervención urgente del Ministerio de Defensa, la Fiscalía, el Comando del Batallón de Despliegue Rápido y la Justicia Penal Militar. Reclaman que este tipo de actuaciones no pueden quedar sin verificación, especialmente porque involucran a miembros de la Fuerza Pública en hechos que podrían constituir delitos graves.
Luis Vargas responsabilizó públicamente al mayor en caso de que él, el campesino afectado o los habitantes de La Pradera sufran algún daño.
La denuncia fue enviada de manera exclusiva al periodista Juan David López, del medio “Caquetá Sin Miedos”, que inició una verificación independiente de los hechos.
