La Red de Veedurías de Colombia radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra directivos de EMCALI por hechos que, según la organización, podrían constituir delitos contra la administración pública.
La queja señala presuntas irregularidades en la celebración de contratos, omisión de funciones y otras conductas tipificadas en los artículos 409, 410, 413 y 414 del Código Penal. El presidente de la Red, Pablo Bustos, afirmó que la situación obedece a lo que calificó como una “grave omisión administrativa” del gerente de EMCALI, Roger Mina.
El punto central de la denuncia es la ausencia total de avance en el proceso contractual para el mantenimiento del alumbrado público de Cali. A menos de dos meses de que finalicen los contratos vigentes, la empresa no ha publicado pliegos, estudios previos, cronogramas ni ha definido la modalidad de selección. La veeduría sostiene que esta falta de planeación deja a la ciudad en riesgo de quedar sin mantenimiento del alumbrado a partir del 1 de enero.
La organización advierte que la omisión vulnera principios fundamentales de la contratación estatal establecidos en la Ley 80 de 1993, como transparencia, libre concurrencia y responsabilidad. También señala un posible incumplimiento de normas anticorrupción contempladas en la Ley 1474 de 2011 y de la regla general de licitación pública (Ley 1150 de 2007).
Para la Red de Veedurías, el retraso injustificado podría favorecer a la empresa que actualmente presta el servicio, al cerrar la competencia y generar un escenario que califican de “direccionamiento contractual”. Añadieron que este comportamiento podría constituir detrimento patrimonial y afectar la legalidad del proceso.
La situación plantea dos interpretaciones, según la denuncia: una eventual incompetencia administrativa o intereses irregulares detrás de la falta de avance contractual. En cualquiera de los casos, señalan que existen eventuales responsabilidades administrativas, disciplinarias y penales.
La veeduría recordó que EMCALI está obligada a publicar oportunamente los documentos del proceso, garantizar la participación de oferentes y permitir condiciones de igualdad. Cualquier adjudicación sin estos pasos —advirtió— configuraría una violación al régimen contractual.
Por ahora, ni EMCALI ni la Alcaldía de Cali han ofrecido una explicación pública sobre la ausencia de licitación ni sobre los señalamientos de la denuncia.
