Con la creación de la JEP, se busca garantizar el sistema que su principal función es investigar, juzgar y sancionar cientos de miles crímenes de guerra de lesa humanidad, que se logran cometer en medio del conflicto armado en el país, quienes han dejado alrededor de 9 millones de victimas en el país.

Es por ello, que nace o se crea la nueva planta, JEP la cual busca consolidar su trabajo para responder a demandas de verdad y justicia de las víctimas, es así que, con la ampliación de la planta, busca adoptar dese el pasado mes de marzo mediante el acuerdo AOG numero 012 de 2023, quien obedece a una política de Estado quien esta interesada en cumplir con lo pactado con el Gobierno Nacional del sistema colombiano con la Corte Penal Internacional. Dentro del cierre el Estado colombiano se comprometió a fortalecer las capacidades de la JEP para sancionar a los máximos responsables del conflicto armado.

Con una planta inicial de 894 cargos, a lo largo de estos cinco años, la Jurisdicción pudo avanzar con la creación de los primeros 7 grandes casos. Esto tuvo como resultado en que hoy en día la JEP sea el primer tribunal nacional que pueda juzgar crímenes de guerra y de violencia, y que haya podido imputar a 78 máximos responsables, a partir de fenómenos de macrocriminalidad tales como: Toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes concurrentes cometidos por las Farc-EP, entre los otros grupos ilegales del país.

Es así, que, respondiendo a su mandato y a las exigencias de las víctimas de este conflicto, en el periodo 2022 la Jurisdicción Especial para la Paz abrió tres nuevos casos, y está portas de abrir el último, con los que quedan cubiertos los más graves patrones de criminalidad que deben ser sancionados por la justicia colombiana y así cerrar la brecha de impunidad. La JEP continuó trabajando con su misma planta de personal, extendiendo su cobertura y esfuerzos por llegar a más territorios afectados.

Por otro lado, esto se trata de 423 nuevos cargos, para un total de 1.317, que llegaran a ampliar el alcance e impacto de la entidad en los territorios más afectados y que han sido priorizados en las investigaciones, pero también a fortalecer otras dependencias que se activaron desde 2022 cuando la Sala de Reconocimiento emitió las tres primeras resoluciones de conclusiones.

Finalmente, con este escenario se busca el fortalecimiento de los equipos para hacer  viable el desarrollo de trabajos, como parte de los procesos sancionatorios, que deberán cumplir los responsables. La ampliación de la planta de personal permitirá avanzar en la instrucción de los casos, ampliar la presencial territorial, dar continuidad al relacionamiento con las víctimas y comparecientes, acelerar el proceso investigativo y amplificar las acciones restaurativas que son el eje de la entidad.