La Veeduría por la Verdad y la Justicia anunció la presentación de denuncias penales y solicitudes de investigación ante la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, por presuntas irregularidades en el proceso de contratación del Sistema Inteligente de Movilidad de Medellín.

La organización cuestiona el proceso SPO 2025-7, mediante el cual la Empresa para la Seguridad y Soluciones Urbanas (ESU) adjudicó el contrato marco para la implementación y operación del ecosistema tecnológico del sistema de movilidad a la empresa Tecnologías de la Información y Pago Integrado S.A.S. (TIPI).

Según la veeduría, un equipo de abogados especialistas en contratación estatal identificó posibles inconsistencias que, a su juicio, ameritan la intervención de los organismos de control.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la presunta omisión en la publicación de los documentos precontractuales en la plataforma SECOP, requisito contemplado en el artículo 53 de la Ley 2195 de 2022 para garantizar la publicidad y el control ciudadano sobre los procesos de contratación pública.

La organización sostiene que la ausencia de esos documentos habría dificultado la verificación de aspectos fundamentales del proceso, como los estudios previos, el análisis del sector, las evaluaciones técnicas y los informes que respaldaron la adjudicación del contrato.

Además, la veeduría pidió que las autoridades revisen la estructuración del contrato, el cual tendría una duración de 15 años, un valor indeterminado pero determinable y un esquema de pago por demanda.

También solicitó que se investigue el cambio en el modelo de operación del sistema, que durante cerca de dos décadas estuvo bajo la responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín (EPM) y posteriormente pasó a la ESU para ser ejecutado mediante un esquema de tercerización.

«No estamos formulando acusaciones anticipadas; estamos activando los mecanismos legales para que las autoridades determinen si en este proceso se incurrió en conductas que puedan constituir delitos contra la administración pública», señaló el vocero de la Veeduría por la Verdad y la Justicia.

La organización agregó que corresponde a la Fiscalía establecer si existieron conductas como un eventual interés indebido en la celebración de contratos, contrato sin cumplimiento de requisitos legales u otras posibles irregularidades, así como determinar si hubo conflictos de interés o favorecimiento de intereses particulares.

Finalmente, la veeduría informó que este caso hace parte de una investigación nacional sobre cerca de un centenar de megacontratos celebrados en Medellín, Cali y Cartagena, cuyos resultados serán divulgados de manera gradual conforme avancen los análisis jurídicos.

Hasta el momento, la ESU no se ha pronunciado públicamente sobre los señalamientos realizados por la organización.