Ante la Procuraduría General de la Nación fue radicada una denuncia disciplinaria en la que se solicita investigar una presunta participación indebida en política al interior de una administración municipal, presuntamente orientada a favorecer la campaña del candidato Julio Aníbal Álvarez.
La denuncia, identificada con el radicado E-2026-028638, señala como principal implicado al funcionario Nicolás Toro, a quien se le atribuiría la supuesta presión a contratistas y personas vinculadas a la administración para respaldar políticamente dicha candidatura.
De acuerdo con el documento, estas presuntas presiones habrían incluido mensajes directos o implícitos en los que se sugería que la continuidad, asignación o renovación de contratos estaría condicionada al apoyo político o a la entrega de respaldos electorales.
El escrito también menciona la posible participación de al menos tres secretarios de despacho, entre ellos los titulares de Gobierno, Medio Ambiente y Salud, quienes, según la denuncia, estarían adelantando actividades políticas y gestionando apoyos dentro del aparato administrativo.
Uno de los puntos más sensibles del documento es la advertencia sobre un eventual uso indebido de recursos institucionales, como tiempo laboral de funcionarios, equipos humanos y capacidad administrativa, con fines ajenos a la función pública y presuntamente orientados a intereses electorales.
Además, se denuncia la creación de un espacio interno de coordinación política, donde presuntamente se exigían compromisos directos con el candidato, situación que, según el texto, habría generado inconformidad incluso dentro del propio gabinete municipal.
La denuncia solicita a los organismos de control la apertura de una investigación disciplinaria, así como la adopción de medidas preventivas para evitar interferencias en el proceso electoral y garantizar la imparcialidad del ejercicio público.
Finalmente, el documento pide que se practiquen pruebas, se recojan testimonios y se investigue a los posibles responsables, con el fin de esclarecer los hechos y establecer eventuales responsabilidades disciplinarias, en el marco de la normativa que regula la participación política de los servidores públicos.
