Donovan Balanta Paz, de 34 años, murió el domingo 20 de septiembre después de ser reducido y trasladado por uniformados durante un procedimiento policial en el sector de Caracolí, en los límites entre Ciudad Bolívar y Soacha. La Inspección General de la Policía abrió una indagación disciplinaria para establecer las circunstancias de la intervención.
El caso ha generado cuestionamientos por parte de familiares y representantes de comunidades afrodescendientes, quienes aseguran que Balanta habría recibido golpes y varias descargas de un dispositivo de inmovilización eléctrica cuando ya se encontraba reducido. La Policía, por su parte, confirmó el uso del dispositivo, pero sostiene que el hombre presentó una afectación repentina de salud posteriormente.
Hasta ahora, la causa de la muerte no ha sido establecida públicamente. El dictamen de Medicina Legal será determinante para establecer las circunstancias del fallecimiento y determinar si existe alguna relación entre el procedimiento policial y el desenlace.
En el barrio Caracolí, Ciudad Bolívar, límite con Soacha, 7 policías habrían acabado con la vida de Donovan Balanta Paz, un joven afro, a plena luz del día.
Según la comunidad, Donovan suplicaba que no podía respirar, no lo escucharon, aseguran que su propia madre, Marleny Paz,… pic.twitter.com/YHEl6tiwHU
— Mauricio Vanegas (@Marovaan) September 22, 2026
¿Qué ocurrió durante el procedimiento?
De acuerdo con la información recopilada por medios de comunicación y los testimonios entregados por familiares, Balanta se encontraba en el sector de Caracolí cuando los uniformados atendían una riña.
Sus allegados sostienen que el hombre no participaba en la confrontación y que, después de romper una botella, corrió al percatarse de la presencia de los policías. Según esta versión, fue perseguido durante aproximadamente una cuadra y media hasta ser alcanzado y reducido.
La Policía confirmó que durante el procedimiento fue utilizado un dispositivo de inmovilización eléctrica, conocido como taser. Posteriormente, Balanta y otro ciudadano fueron trasladados a la estación de Cazucá.
La familia sostiene que, mientras permanecía reducido y esposado, Balanta habría recibido golpes y nuevas descargas eléctricas. También asegura que manifestó tener dificultades para respirar y dolor en el pecho antes de perder el conocimiento.
Estos señalamientos hacen parte de las versiones que deberán ser contrastadas durante las investigaciones. Videos grabados por habitantes del sector también fueron incorporados como elementos que podrían contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.
La versión de la Policía
La institución confirmó que sus uniformados utilizaron un dispositivo de descargas eléctricas durante la intervención.
Según la versión entregada por la Policía, después del traslado a la estación de Cazucá se presentó una afectación repentina de salud. Los agentes habrían activado los protocolos correspondientes y trasladado a Balanta al Hospital Cardiovascular Luis Carlos Galán de Soacha, donde posteriormente se confirmó su fallecimiento.
La institución también señaló que la causa de la muerte deberá ser determinada por las autoridades competentes.
De manera paralela, la Inspección General de la Policía inició una indagación disciplinaria para revisar la actuación de los uniformados y establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar del procedimiento. Siete policías fueron apartados temporalmente de sus funciones mientras avanza la investigación, de acuerdo con reportes periodísticos.
🚨 #LoÚltimo | El abogado y defensor de derechos humanos Ali Bantú Ashanti denunció un grave caso de presunto abuso policial en Ciudad Bolívar, @Bogota.
Según su denuncia, Donavan Balanta habría sido golpeado y sometido por varios uniformados hasta quedar sin respiración. Bantú… pic.twitter.com/qszGYulnMP
— Nación Paisa (@NacionPaisa) September 23, 2026
La familia pide esclarecer la actuación policial
Los familiares de Balanta cuestionan la forma en que se desarrolló la reducción y sostienen que el uso de la fuerza habría continuado cuando el hombre ya estaba inmovilizado.
También han denunciado presuntos insultos de carácter racista durante el procedimiento y solicitaron que se investigue si existió algún tipo de discriminación en la actuación de los uniformados.
Las denuncias corresponden, por ahora, a testimonios de familiares y personas que acompañan el caso y deberán ser verificadas por las autoridades encargadas de la investigación.
Balanta era padre de dos hijos, trabajaba en una empresa farmacéutica y adelantaba estudios de criminalística. Personas cercanas también lo recuerdan por su participación en actividades deportivas y comunitarias dirigidas a niños y jóvenes del sector.
Petro, Francia Márquez y representantes políticos pidieron investigar
La muerte de Balanta también provocó pronunciamientos de dirigentes políticos. El expresidente Gustavo Petro pidió a la Fiscalía investigar el caso y cuestionó el comportamiento de la Fuerza Pública, mientras que la exvicepresidenta Francia Márquez solicitó esclarecer los hechos y establecer las responsabilidades correspondientes.
El representante Óscar Benavides también se pronunció y pidió garantías para las comunidades afrodescendientes.
Estos pronunciamientos hacen parte de las reacciones políticas generadas por el caso, pero no determinan por sí mismos las responsabilidades penales o disciplinarias de los uniformados involucrados.
El caso permanece bajo investigación y existen versiones diferentes sobre algunos momentos del procedimiento, particularmente sobre la forma en que Balanta fue reducido, el uso del dispositivo eléctrico, su estado de salud después de la detención y las condiciones en las que fue trasladado al centro asistencial.
Los registros audiovisuales, los testimonios de quienes presenciaron el procedimiento, los informes policiales y el dictamen de Medicina Legal serán elementos relevantes para determinar qué ocurrió y si hubo alguna irregularidad.
Por ahora, no existe un resultado definitivo que permita atribuir responsabilidad por la muerte de Donovan Balanta a los uniformados. La investigación disciplinaria y las actuaciones de las autoridades judiciales deberán establecer las circunstancias del fallecimiento y, de ser el caso, las responsabilidades correspondientes.
