Bloquear las vías, tanto urbanas como intermunicipales, se ha vuelto una constante como instrumento de protesta; en cualquier brote ciudadano que implique una reclamación, se acude a bloquear una calle, ocasionando de inmediato un colapso que implica la interrupción de la circulación libre de vehículos.

Las consecuencias para el ciudadano común y para la economía, son enormes: suspensión de tiempos de desplazamiento, perdida de horarios de entrega de mercancías, alteración de productos perecederos, incumplimiento de citas; riesgos en personas enfermas que deben llegar a una atención medica; pérdida de vuelos, cuando implica rutas a los aeropuertos; suspensión de clases cuando compromete entidades educativas, imposibilidad de recaudo en peajes, y toda una larga lista de agregados que se desprenden de una situación como esta.

Las estadísticas divulgadas nos dicen que han existido 1.166 incidentes en los últimos tres años: 674 en corredores viales nacionales, que implican además 206 vehículos incinerados o vandalizados, 113 agresiones a conductores, 76 casos de extorsión o amenazas, 29 instalaciones afectadas, entre ellas peajes y petroleras; 138 estaciones de policía hostigadas; suspensión de actividades por 76 operadores viales aduciendo falta de seguridad.

Además, han estado involucrados 29 departamentos, lo que quiere decir que casi todo el territorio nacional ha venido siendo afectado por este fenómeno, y que la tendencia es en que cada vez resulta ser una práctica que está a la orden del día.

Todo este esquema afectaciones, amerita que se elabore un plan de contingencia por parte de las autoridades competentes, para impedir que esta situación continúe afectando a las personas de manera tan relevante. El ciudadano merece respeto y consideración, y los actores de la producción nacional, requieren de garantías para tener la seguridad de que estos episodios no van a poner en riesgo su producción, para la cual han expuesto su capital de trabajo.

La protesta es un derecho constitucional; las personas pueden hacer uso de él en el momento en que lo consideren necesario, y ello conlleva también hacer uso de las facultades de expresión, consagradas en todos los sistemas democráticos. Lo que no puede estar permitido es que estas expresiones de inconformismo, apelen a hechos delictivos, y a lo que es la violación de los derechos de la mayoría de los ciudadanos que requieren libre movilización y garantía para la protección de sus derechos personales.

Toda esta lista de hechos ocurridos, están identificados en el código penal, y función de quienes controlan el orden público es la de impedirlos; y ante los hechos, judicializarlos de manera inmediata, para que los responsables puedan responder por sus conductas atípicas.

El país entero está hace rato a la expectativa de un pronunciamiento enérgico al respecto y de una confirmación por parte de la autoridad en el sentido en que las garantías y derechos ciudadanos son para todo el mundo.

Por: Eduardo Durán Gómez

Foto y noticia: Colprensa