Una obra que comenzó en 2014 continúa sin prestar servicio en la localidad de Rafael Uribe Uribe. Un segundo contrato, firmado en 2024 por $1.317 millones, reporta un avance físico del 76%, mientras persisten pendientes técnicos y alertas sobre la documentación contractual.

Una edificación que debía funcionar como Centro Zonal Rafael Uribe Uribe del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en Bogotá, continúa sin entrar en operación más de una década después del inicio del proyecto. La infraestructura, cuya construcción comenzó en 2014, se ha convertido en un caso que puede describirse como un elefante blanco, debido a que permanece sin prestar el servicio previsto pese a las inversiones realizadas y a la ejecución de dos contratos.

De acuerdo con la información consolidada por la entidad, el contrato inicial tuvo un presupuesto final de $3.291 millones, mientras que en 2024 se suscribió un nuevo contrato por $1.317 millones para adecuar y terminar la edificación. En conjunto, los presupuestos de ambos contratos suman aproximadamente $4.608 millones.

Sin embargo, la obra continúa sin estar habilitada para atender a la ciudadanía.

El caso quedó documentado en un informe de seguimiento a obras inconclusas elaborado por la Oficina de Control Interno del ICBF. En el documento se describen trabajos pendientes, riesgos de deterioro de la infraestructura y aspectos de la gestión contractual que requieren seguimiento.

Una obra de 2014 que no ha logrado entrar en funcionamiento

El contrato de obra número 1131 de 2014 fue suscrito con el Consorcio Universal para construir una nueva sede del Centro Zonal Rafael Uribe Uribe. El proyecto contemplaba una edificación de cinco pisos y un sótano, con un área aproximada de 1.200 metros cuadrados y capacidad proyectada para 75 funcionarios.

El presupuesto inicial fue de $2.527 millones y recibió una adición de $764,8 millones, para un valor final de $3.291 millones. De ese monto, el registro contractual señala pagos por $2.682 millones, equivalentes a un avance financiero histórico del 81,5%. El avance físico reportado fue del 85,8%.

El contrato figura como terminado, pero sin liquidar, y la edificación no ha comenzado a prestar el servicio para el que fue construida.

La situación llevó a que en 2024 se celebrara un nuevo contrato, identificado con el número 11022622024, por $1.317 millones. Su objeto fue adelantar adecuaciones y completar las actividades necesarias para habilitar la infraestructura.

El contrato fue suscrito el 10 de septiembre de 2024 y comenzó su ejecución el 23 de octubre de ese año. Según los informes de avance presentados por la Regional Bogotá, registra un avance físico del 76% y uno financiero del 76,6%. El valor pagado asciende a $1.008 millones.

Pese a estas intervenciones, una visita de la Oficina de Control Interno realizada el 28 de mayo de 2025 concluyó que el inmueble seguía incompleto y no estaba en condiciones de prestar servicio.

Ascensor sin funcionar, baños incompletos y riesgo de inundación

El informe identifica pendientes en los acabados de pisos y muros, cielorrasos, baños, instalaciones eléctricas y sistemas técnicos. También señala que el ascensor y el elevacoches requieren reparación, mientras que todavía deben completarse actividades relacionadas con la acometida eléctrica y el sistema contra incendios.

Entre las alertas técnicas figura el daño de una de las dos bombas eyectoras del sótano. De acuerdo con el seguimiento, la operación con una sola bomba aumenta el riesgo de inundación de ese nivel.

La Oficina de Control Interno también registró observaciones sobre humedades, filtraciones, acabados y la ubicación de algunos elementos eléctricos. La permanencia del edificio sin uso representa, además, un riesgo de deterioro para las obras e instalaciones que ya fueron ejecutadas.

En materia documental, el informe advierte vacíos en la trazabilidad del contrato de 2024, entre ellos la ausencia del acta de recibo final y la necesidad de actualizar integralmente la información contractual en SECOP II.

El documento también registra controversias relacionadas con el contrato inicial ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca y el Juzgado 63 Administrativo de Bogotá. El valor indexado de las pretensiones consignadas en eKOGUI asciende a $867 millones. Esta cifra corresponde a reclamaciones registradas y no debe interpretarse, por sí sola, como una condena judicial.

El informe recomienda gestionar la culminación de las actividades pendientes dentro del proceso de liquidación del contrato de adecuación y verificar la extensión de las garantías de cumplimiento y calidad.

La pregunta de fondo sigue sin respuesta en los datos disponibles: ¿cuándo podrá entrar en funcionamiento el Centro Zonal Rafael Uribe Uribe? Mientras no se completen las obras y se habilite la infraestructura, el edificio seguirá sin cumplir el propósito para el que se destinaron recursos públicos desde 2014.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de establecer responsabilidades contractuales cuando corresponda, aclarar el estado definitivo de los contratos y determinar qué medidas permitirán que la inversión se traduzca en un servicio efectivo para la ciudadanía.