Se conoció este lunes que las Empresas Públicas de Medellín (EPM) solicitaron un encuentro con la Unidad Nacional De Gestión de Riesgo y Desastres (UNGRD) con el objetivo de tomar control sobre los campamentos y equipos críticos, ante la inminente salida de los contratistas por el fallo de la Contraloría General de la República, en el caso del megaproyecto Hidroituango.
En otras palabras lo que el alcalde de la capital antioqueña, Daniel Quintero Calle, ha denominado el ‘Plan Mireya’, ante las contingencias que se puedan registrar. «Es un plan de contingencia para que el proyecto continúe su operación con las capacidades internas de EPM hasta cuando haya un nuevo contratistas», afirmó.
El jueves 2 de diciembre se sostendrá una encuentro de trabajo entre los funcionarios de EPM y la UNGRD, con el fin de trazar la ruta que permita que el proyecto avance sin contratiempos.
«En todo este periodo de tiempo hemos reducido la dependencia del contratista principal, hoy tenemos a General Electric en un frente independiente y a otros proveedores, eso hace que nuestra dependencia sea menor sobre los actuales», agregó Quintero.
Se espera que EPM le pida a UNGRD elevar el nivel de riesgo para que le de facultades a la entidad, y así evitar que contratistas pongan en peligro la obra de infraestructura más grande del país. De esta forma, las Empresas Públicad podrían tomar control sobre planta y equipos de construcción de las firmas sancionadas: Conconcreto y Coninsa Ramón H.
Cabe destacar que EPM sigue avanzando en otras alternativas para sacar adelante el proyecto en Hidroituango. Con esto, según la entidad, se garantizará que se termine sin más retrasos, tal y como lo esperan los antioqueños y colombianos.
Es preciso recordar que en días pasados el ente de control ratificó en segunda instancia el fallo de responsabilidad fiscal por 4,3 billones de pesos, contra 26 personas jurídicas y naturales, entre ellas los exgobernadores Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, al igual que el exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, y los contratistas mencionados, por supuesto detrimento patrimonial.
