Se confirmó este miércoles la destitución del director del INPEC, general Mariano Botero Coy, así como al director de la cárcel La Picota, coronel (r) Wilmer Valencia, quienes estarían inmersos en un escándalo de proporciones mayores por las prebendas que, al parecer, tenía el polémico empresario Carlos Mattos en prisión.

La decisión se tomó tras el demoledor informe revelado por Noticias Caracol, con el que se conocieron los tratos preferenciales a Mattos, quien está preso por el caso de la concesión de la marca Hyundai, y su intención de manipular el proceso judicial en su contra con la presunta compra de jueces para obtener decisiones favorables.

De acuerdo con lo denunciado por el medio de comunicación, que lo siguió durante varios días, Mattos salía sin ningún tipo de restricciones de la cárcel La Picota, en donde se encuentra recluido, hacia varias partes de Bogotá, en donde sostenía reuniones con diferentes personas, entre ellas su abogado, Iván Cancino.

En uno de esos seguimientos, el del 25 de febrero, el empresario llegó a un edificio de su propiedad, ubicado en el norte de la ciudad, sobre la carrera 19 con calle 106. Lo peor del caso es lo escoltaban oficiales del INPEC como si se tratara de una diligencia oficial, para las cuales solo tiene permiso si se tratan de temas médicos, pues está privado de la libertad.

Era tal permisividad que tenía el empresario en las imágenes reveladas por el noticiero que fácilmente hubiera podido emprender la huida, ante la falta de un esquema de seguridad para su protección. Lo cual llama la atención porque en ocasiones Mattos ha denunciado amenazas contra su vida, de lo que serían sus «enemigos».

«Hay que separar varias cosas. Todos los permisos con los que ha salido Carlos Mattos, tengo entendido, son reales. No tengo por qué dudar de él, además porque he estado con él en dos o tres citas médicas», salió en su defensa el abogado Cancino, en diálogo con Blu Radio. E indicó que en una ocasión su apoderado se le presentó sin previo aviso.

Ante esta situación, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, firmó el documento en el que ordenó no solo la destitución de los altos funcionarios, sino que Mattos, quien en noviembre fue extraditado a Colombia para responder por corrupción judicial, sea trasladado a una cárcel de máxima seguridad de Combita (Boyacá).

Mattos también ha sido noticia en los últimos días por haber aceptado que le pagó al periodista Gonzalo Guillén para desacreditar a la Fiscalía General, y al grupo ecuatoriano Eljuri, que le ganó la representación de la marca de carros coreana en el país, lo que generó la furia del empresario, quien pese a que se fugó en primer término fue capturado en España y extraditado.