Medellín, 3 de abril de 2024. La Unidad Investigativa de Nación Paisa, en colaboración con el investigador Jeisson Fonseca, conoció la respuesta oficial de la Alcaldía de Medellín frente a la auditoría forense que fue presentada por el Alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga a los medios de comunicación, con montañas de papeles que fueron enviados a Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y Personería.

Lo primero que queda claro es que el término auditoría forense fue exagerado, ya que no se contrató ninguna firma para ello y fueron los mismos funcionarios que participaron del empalme y recibieron las diferentes Secretarías y entidades dependientes de la Alcaldía de Medellín, quienes presentaron los 501 hallazgos.

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«Las actividades de identificación y compulsa de presuntas irregularidades y hallazgos fue el resultado del ejercicio realizado en el marco de lo dispuesto por la Ley 951 de 2005, a través de la cual se ha recibido información y sobre la misma se ha adelantado revisión y análisis, específicamente de los procesos ejecutados en el periodo comprendido entre el año 2020 y el 2023, para establecer en qué estado se recibieron cada una de las Secretarías, Departamentos Administrativos y Entidades Descentralizadas que conforman el Conglomerado».

Aseguran además que los hallazgos podrían seguir aumentando y tres meses después de iniciar su período gubernamental, siguen buscando información que permita encontrar cualquier irregularidad de la administración de Daniel Quintero Calle.

«El número de hallazgos inicialmente fue cuantificado en 501, tal como se informó por el señor alcalde en la rueda de prensa; sin embargo, se debe manifestar que el número podría variar, en atención a que pueden resultar nuevos hallazgos, toda vez que a la fecha, existen cargos en algunas empresas del conglomerado cuyo periodo no ha culminado y por consiguiente, no han surtido el procedimiento establecido en la ley».

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En la respuesta, aclara que lo que se hizo en la Alcaldía de Medellín es «un análisis, aplicando técnicas de auditoría forense»  y explican además que «la información obtenida fue el resultado del ejercicio realizado en el marco de lo dispuesto por la Ley 951 de 2005 y no se contrató para ello, ninguna persona natural o jurídica adicional o externa para llevar a cabo dicha actividad».

Finalmente, dejan claro que no hubo un perito para la auditoría forense y esta no es más que el informe realizado por el empalme que cada secretario de despacho, gerente y equipo de gabinete, determinó, de acuerdo a la normativa vigente, la incidencia de la irregularidad y hallazgo, clasificándolo en disciplinario, penal y/o fiscal.

«Debe reiterarse que la información obtenida fue el resultado del ejercicio realizado en el marco de lo dispuesto por la Ley 951 de 2005 y no se contrató para ello, ninguna persona natural o jurídica adicional o externa para llevar a cabo dicha actividad», puntualiza la respuesta.