La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, puso al descubierto la modalidad mediante la cual dos compañías ferreteras habrían defraudado al Estado en cerca de 8.000 millones de pesos, apropiándose del IVA recaudado y disminuyendo la base gravable del impuesto de renta. Los representantes legales de las referidas empresas, al parecer, compraron facturas falsas durante 12 años para simular la adquisición de bienes y servicios por más de 18.370 millones de pesos. De esta manera, evadieron el pago de sus obligaciones ante la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
La contundencia del material probatorio fue determinante para que los directivos de las dos compañías suscribieran un preacuerdo con la Fiscalía y aceptaran su responsabilidad en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares. Adicionalmente, en la negociación judicial se comprometieron a reintegrar a la DIAN algo más de 4.511 y 3.410 millones de pesos, respectivamente. Estos dineros corresponderían al enriquecimiento ilícito producto de dicha actividad delictiva.
Estas acciones hacen parte de una macroinvestigación en contra de 1.777 empresas legalmente constituidas que simularon operaciones de comercio por casi 1,5 billones de pesos para defraudar al Estado. Las indagaciones al respecto continúan.
Desde su creación, en 2021, la Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales evidenció cómo reconocidas sociedades recurrieron a la compra de facturas falsas para soportar la compra y venta bienes y servicios inexistentes. De esta manera, afectaron el erario. Las investigaciones indican que, con esta maniobra, 3.700 empresas y personas naturales vendrían apropiándose del IVA que deben entregarle a la DIAN. Además, se han beneficiado con la disminución de la base gravable del impuesto de renta. En dos casos fue posible establecer que fueron simuladas operaciones de comercio por más de 2.2 billones de pesos.
Esto generó una defraudación cercana a los 900.000 millones de pesos. Dos representantes legales, revisores fiscales e intermediarios de reconocidas empresas de distintos sectores de la economía hacen parte de las 25 personas judicializadas hasta el momento como posibles responsables de los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares, concierto para delinquir agravado, lavado de activos y falsedad ideológica en documento privado, entre otros.
