La Federación Nacional de Departamentos (FND) y los 32 gobernadores del país rechazaron el Decreto 1474 de 2025 al considerar que vulnera la autonomía fiscal territorial y pone en riesgo el impuesto al consumo de licores y cigarrillos, una de las rentas más importantes para las finanzas departamentales.
El impuesto al consumo —creado inicialmente como tributo nacional y posteriormente cedido a los departamentos— financia rubros como salud, educación, deporte y gastos administrativos. La FND citó jurisprudencia de la Corte Constitucional para argumentar que esta renta es de naturaleza territorial y que su administración corresponde a los departamentos, por lo que el decreto implicaría una alteración de facto al principio de autonomía fiscal.
Sin embargo, el rechazo abrió un debate más amplio en torno a la estructura tributaria colombiana: mientras la defensa institucional se concentra en preservar la renta de monopolios departamentales ligados al licor y los cigarrillos, los productos de primera necesidad continúan enfrentando cargas indirectas a través del IVA y otros gravámenes que son asumidos por los hogares.
En la mayoría de departamentos, el impuesto al consumo representa entre el 8% y el 20% de los ingresos corrientes de libre destinación. Su eventual afectación impactaría directamente los presupuestos territoriales, razón por la cual los gobernadores han cerrado filas para evitar modificaciones en su destinación o administración.
La @FNDCol y los 32 gobernadores de Colombia rechazan el Decreto 1474 de 2025 por vulnerar la autonomía fiscal territorial y poner en riesgo una de las rentas más importantes de los departamentos.
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— FND – Federación Nacional de Departamentos (@FNDCol) January 9, 2026
El contraste fiscal ha sido señalado por economistas y analistas tributarios: mientras industrias como la de licores y cigarrillos cuentan con protección normativa y son defendidas por los entes territoriales debido a su importancia recaudatoria, bienes esenciales como alimentos, aseo, transporte y servicios continúan siendo gravados en la cadena de consumo sin tener un bloque institucional equivalente que los proteja.
En el comunicado divulgado por la Federación se subrayó que el decreto presentaría una “contradicción” con el objetivo de equilibrio presupuestal anunciado por el Gobierno Nacional, debido a que el impuesto al consumo no hace parte del Presupuesto General de la Nación sino de los ingresos propios de los departamentos.
Hasta el momento, el Gobierno no ha anunciado una alternativa que compense la renta territorial en caso de avanzar con el decreto ni ha planteado una reforma que reequilibre la carga tributaria para los hogares colombianos que siguen llevan la carga fiscal mas alta en los productos de primera necesidad.
