El Gobierno nacional reiteró su compromiso con la formalización de la minería de pequeña escala, tradicional y de subsistencia, especialmente en la subregión del Bajo Cauca antioqueño, al tiempo que mantiene operativos contra la extracción ilícita de minerales, actividad señalada por las autoridades como una de las principales amenazas ambientales y de seguridad en el país.

El pronunciamiento fue realizado de manera conjunta por los ministerios del Interior, Defensa y Minas y Energía, que señalaron que el reto consiste en avanzar en la formalización de miles de mineros que históricamente han encontrado en la actividad minera su principal fuente de sustento.

Según las entidades, la estrategia busca garantizar condiciones legales y productivas para los pequeños mineros, mientras se combate la explotación ilegal que, de acuerdo con el Gobierno, genera graves impactos ambientales, financia economías criminales y afecta a las comunidades del territorio.

Diálogo con comunidades y autoridades locales

El Ejecutivo reiteró su disposición al diálogo y la concertación con las comunidades mineras, en coordinación con las alcaldías municipales y la Gobernación de Antioquia, siempre que las manifestaciones se desarrollen de manera pacífica y dentro del marco del Estado de derecho.

Las autoridades indicaron además que el proceso de gobernanza territorial se seguirá desarrollando a través del Distrito Minero del Bajo Cauca, iniciativa que avanza en la formulación de su plan estratégico de gestión.

De acuerdo con el Gobierno, el pasado 11 de marzo de 2026 se logró concertar la metodología de formulación del plan con 95 autoridades étnicas del territorio, lo que representa un paso clave para la organización de la actividad minera en la región.

Formalización de mineros en la región

El Ministerio de Minas y Energía explicó que el Gobierno ha buscado cumplir los acuerdos alcanzados con comunidades mineras mediante una ruta de formalización diferenciada y más ágil, establecida a través de la Resolución 40141 de 2025.

Según el balance oficial:

  • Entre 2023 y 2024, 3.182 personas manifestaron su intención de iniciar procesos de formalización minera en la región.

  • De ese total, 567 se encontraban en áreas ambientalmente restringidas, excluibles o tituladas, por lo que no podían avanzar en el proceso bajo las condiciones actuales.

  • Para estos casos, el Gobierno anunció programas de reconversión productiva.

Las autoridades informaron que 2.242 mineros ya han sido formalizados, mediante 32 instrumentos jurídicos y administrativos, mientras que otros continúan en proceso de transición hacia la legalidad.

Operativos contra minería ilegal

En paralelo a los procesos de formalización, el Ministerio de Defensa reportó acciones contra la minería ilegal durante lo corrido de 2026.

De acuerdo con el balance, las Fuerzas Militares han realizado siete operativos en la región, que han permitido inutilizar 22 dragones y dragas utilizados para la extracción ilícita de minerales.

Las autoridades advierten que este tipo de maquinaria suele estar vinculada a estructuras criminales dedicadas a economías ilegales, lo que agrava los impactos ambientales y sociales en zonas mineras del país.

Equilibrio entre minería y protección ambiental

El Gobierno señaló que su política busca equilibrar el desarrollo de la minería legal con la protección ambiental y el fortalecimiento de otras actividades productivas del territorio.

Según el pronunciamiento oficial, la meta es que la riqueza generada por la explotación minera beneficie a los pequeños mineros formalizados y a los municipios a través de las regalías, contribuyendo al desarrollo regional y al bienestar de las comunidades.