Con el fin de poder asegurar los derechos fundamentales de la población carcelaria, el Gobierno Nacional ha anunciado la aprobación de una ley en el Congreso la cual destinará un gran presupuesto de 670.656 millones de pesos para el servicio de alimentación de personas detenidas en cárceles, estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI) a partir del año 2024.

En ese sentido, esta legislación, elaborada en estrecha colaboración con entidades territoriales, la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, responde de manera sistemática a una sentencia reciente de la Corte Constitucional que destaca la importancia de garantizar los derechos fundamentales de los individuos detenidos preventivamente en centros transitorios.

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La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), entidad adscrita al Ministerio de Justicia, asumirá la crucial responsabilidad del suministro de alimentos para las personas detenidas en estaciones de Policía y URI a partir del 2024. Esta función se prolongará hasta el 30 de junio de 2025, fecha en la cual se trasladará la responsabilidad a los municipios y departamentos, según lo estipula la nueva ley.

El principal objetivo de esta medida es evitar cualquier interrupción en la prestación del servicio, asegurando así el acceso continuo a la alimentación para aquellos detenidos en centros transitorios. En la actualidad, la Uspec ya brinda alimentos a aproximadamente 17 mil personas privadas de la libertad en las URI y estaciones de Policía.

En el ejercicio presupuestario del año 2023, se destinaron 647.000 millones de pesos para la alimentación de personas privadas de la libertad. De esta cifra, 92.957 millones se asignaron específicamente para centros de detención transitoria durante ese año, demostrando un compromiso financiero substancial con la provisión de alimentos en estos entornos.

Con esta iniciativa, el Gobierno del Cambio busca la protección de los derechos humanos de la población carcelaria, asegurando la continuidad del servicio de alimentación en los centros de detención gestionados por el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).