Durante ocho sesiones de audiencia judicial, personas de 21 departamentos relataron agresiones que también afectaron a sus familias, comunidades y proyectos de vida. Sus testimonios hacen parte del Subcaso 2 del Caso 11, que investiga estos crímenes contra la población civil.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) escuchó los testimonios de 75 víctimas de violencias basadas en género, sexuales, reproductivas y por prejuicio, presuntamente cometidas por integrantes de la fuerza pública contra población civil durante el conflicto armado colombiano.
Las intervenciones se desarrollaron a lo largo de ocho sesiones de audiencia judicial, en las que mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, provenientes de 21 departamentos, expusieron sus experiencias y las consecuencias que estos hechos dejaron en sus vidas.
Los testimonios hacen parte del Subcaso 2 del Caso 11, a cargo del despacho del magistrado Óscar Parra Vera, que investiga crímenes de esta naturaleza atribuidos a integrantes de la fuerza pública contra personas civiles.
Según la JEP, las víctimas no solo hablaron de las agresiones físicas y sexuales que sufrieron, sino también de sus consecuencias: rupturas familiares, pérdida de medios de subsistencia, desplazamientos y afectaciones a sus proyectos de vida.
Las audiencias se realizaron como parte del proceso de observaciones a las versiones voluntarias entregadas por los comparecientes. La metodología contempló sesiones diferenciadas para escuchar a mujeres, hombres y personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Los testimonios expusieron distintas formas de violencia
Durante las sesiones, mujeres de diferentes regiones del país relataron agresiones que, según sus testimonios, fueron utilizadas para castigar, intimidar, someter y controlar a las víctimas y sus familias. Algunas señalaron que fueron atacadas por sus liderazgos sociales, por presuntos vínculos familiares o afectivos con integrantes de grupos armados, o por pertenecer a comunidades estigmatizadas.
Una de las sobrevivientes, procedente del Magdalena, manifestó ante la magistratura: “No vengo a pedir lástima. Vengo a pedir que el Estado reconozca que en el Magdalena la violencia sexual no fue un hecho aislado”.
La audiencia también permitió escuchar a hombres que sufrieron violencia sexual durante el conflicto, incluso cuando eran menores de edad. Sus relatos evidenciaron las dificultades para denunciar estos hechos debido al miedo, la vergüenza y los prejuicios sociales.
Uno de los sobrevivientes pidió que se reconozca que la violencia sexual también fue utilizada contra los hombres como una forma de castigo, humillación y sometimiento. Otros reclamaron garantías de atención médica y psicosocial, así como acciones para combatir la estigmatización.
Por su parte, las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas expusieron cómo los prejuicios fueron utilizados para señalar y violentar a quienes no respondían a los roles de género impuestos por los actores armados.
Una de las víctimas afirmó ante la JEP que la violencia basada en la orientación sexual, identidad y expresión de género fue utilizada como un mecanismo de control social durante el conflicto.
La JEP continuará con la investigación
Las víctimas solicitaron que se esclarezcan las circunstancias de los hechos, se identifique a los responsables y se reconozcan los daños individuales y colectivos. También reclamaron medidas de reparación, atención integral en salud, garantías de seguridad y oportunidades para reconstruir sus proyectos de vida.
De acuerdo con la información entregada por la Jurisdicción, las observaciones presentadas por las víctimas y sus representantes serán utilizadas como insumo para contrastar las versiones de los comparecientes y determinar los hechos, las conductas investigadas y las responsabilidades correspondientes.
En el Subcaso 2 del Caso 11, la JEP ha acreditado a 587 víctimas de violencias basadas en género. Además, ha llamado a versión voluntaria a 78 integrantes de la fuerza pública y terceros civiles, y ha escuchado a 72 comparecientes. Cuatro de ellos fueron remitidos de manera temprana a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) después de negar su responsabilidad.
El Caso 11 investiga hechos de violencia basada en género, violencia sexual, violencia reproductiva y crímenes motivados por prejuicio cometidos contra la población civil. Está dividido en tres subcasos: el primero aborda crímenes atribuidos a integrantes de las extintas Farc-EP contra civiles; el segundo, hechos atribuidos a miembros de la fuerza pública contra población civil; y el tercero, violencias cometidas al interior de las filas de ambos grupos armados.
