La Red de Veedurías de Colombia encendió una nueva alerta sobre el proceso de modernización del alumbrado público de Cali, luego de advertir posibles irregularidades en la estructuración de la segunda fase del proyecto adelantado por Emcali y dirigido por la Unidad Estratégica de Negocios de Energía, bajo la coordinación de José David Insuasti Avendaño.

Aunque la empresa anunció que renovará más de 101.000 luminarias e implementará un sistema de telegestión antes de diciembre de 2027, aún no han sido divulgados los estudios previos, los análisis de riesgo, los soportes financieros ni los criterios de evaluación exigidos por la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015. Según la Red, esta falta de información compromete el principio de selección objetiva y abre espacio a decisiones discrecionales en un proceso que involucra recursos públicos y la seguridad lumínica de la ciudad.

El organismo ciudadano también reveló que recibió un reporte oficial que evidencia que la empresa Iluminación Tecnológica del Caribe S.A.S. presenta un deterioro financiero crítico, con pérdidas reiteradas, patrimonio negativo y desequilibrio económico que la dejaría por fuera de los requisitos habilitantes para participar en un contrato de esta magnitud. Permitir su eventual participación vulneraría la selección objetiva y podría generar responsabilidades disciplinarias, fiscales y administrativas para los funcionarios encargados, según jurisprudencia del Consejo de Estado.

La Red pidió a Emcali aclarar si esta empresa ha sido tenida en cuenta en la estructuración del proyecto y publicar los criterios financieros y técnicos utilizados para valorar a las interesadas.

Las preocupaciones aumentan frente a denuncias según las cuales José David Insuasti Avendaño habría sostenido reuniones privadas con empresas interesadas en la contratación, sin registros públicos ni actas que respalden dichos encuentros. Entre las compañías mencionadas está Global Display Solutions Colombia (GDS), que también enfrentaría dificultades financieras. De confirmarse que hubo reuniones sin publicidad y con presuntos interesados directos, podrían configurarse violaciones a los principios de transparencia y moralidad administrativa, e incluso el delito de interés indebido en la celebración de contratos (artículo 409 del Código Penal).

La Red solicitó a GDS informar cuántas veces ingresó a Emcali, con quiénes se reunió y qué se discutió durante esos encuentros.

El organismo recordó que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por irregularidades en este proceso y anunció que la ampliará incorporando los nuevos hechos: los encuentros privados, la eventual participación de empresas financieramente inviables y cualquier circunstancia que sugiera negociaciones indebidas o favorecimientos particulares.

Finalmente, exigió a Emcali publicar de inmediato los estudios previos, matrices de riesgo, cronogramas, actas internas y documentos de evaluación que permitan verificar que la segunda fase del alumbrado público está siendo estructurada conforme a los principios de transparencia, selección objetiva y responsabilidad administrativa.