La reforma pensional, uno de los proyectos insignia del Gobierno de Gustavo Petro, se encuentra atrapada en un laberinto jurídico y político en la Corte Constitucional. Lo que debía ser una revisión final se convirtió en un tenso pulso entre el Ejecutivo y el poder judicial.

El retraso no es fortuito, sino el resultado de una cadena de errores de trámite, presiones políticas y requerimientos judiciales incumplidos. Estas son las claves para entender por qué el fallo está enredado.

El punto de partida de todo el enredo fue la decisión de la Corte Constitucional del 17 de junio. Al estudiar una demanda, el alto tribunal concluyó que la reforma pensional tenía un vicio de procedimiento insubsanable porque en su trámite en la Cámara de Representantes se eludió el debate.

En lugar de discutir el articulado, se aprobó una proposición para acoger el texto que venía del Senado, violando así un principio fundamental del proceso legislativo. La Corte ordenó al Congreso corregir este error.

Con la intención de que la norma entrara en vigencia el 1 de julio, el Gobierno citó a sesiones extraordinarias a finales de junio para subsanar el vicio. Sin embargo, el Congreso actuó con base en el comunicado de prensa de la Corte, pero sin conocer el texto completo del fallo (Auto 841), que tardó semanas en publicarse.

Cuando finalmente se conoció la providencia el 14 de agosto, esta contenía una orden específica que lo cambió todo: la Cámara debía realizar un debate real sobre los artículos y votarlos, no solo aprobar una proposición general. Como los congresistas actuaron «a ciegas», no cumplieron con este requisito, lo que sembró la duda sobre si la corrección fue válida o si, por el contrario, generó un nuevo vicio de trámite.

Aquí radica el nudo actual del proceso. Para verificar qué ocurrió exactamente en las sesiones del 27 y 28 de junio, el magistrado ponente, Jorge Enrique Ibáñez, requirió en múltiples ocasiones (24 de julio, 11 y 25 de agosto, y 9 de septiembre) las actas de esas plenarias, debidamente certificadas y aprobadas.

La Cámara de Representantes tardó en responder y, cuando lo hizo, no envió la certificación de la aprobación de las actas, un documento formal indispensable. En su lugar, remitió reportes de votación e incluso reconoció un «error» de digitación en el conteo manual, aunque aclaró que no alteraba el resultado. La insistencia de la Corte en este documento no es un capricho: sin las actas aprobadas, legalmente no hay certeza de lo que se decidió en esas sesiones. Esta falla ha sido el principal argumento de congresistas como Lina María Garrido para pedir la anulación total de la ley.

Ante los continuos requerimientos y la evidente demora, el Ejecutivo optó por una estrategia de confrontación directa. El presidente, Gustavo Petro, calificó la situación como un «golpe de Estado» y denunció la existencia de «intereses» para impedir su reforma.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue más allá y lanzó un ataque personal contra el magistrado Ibáñez, a quien acusó de ejercer “acoso y hostigamiento contra el estado social de derecho”. Esta ofensiva elevó la tensión y convirtió un debate técnico-jurídico en un choque de poderes que pone a prueba la independencia judicial.

Con este panorama, la Corte Constitucional se enfrenta a una decisión compleja. Fuentes del alto tribunal señalan que la ponencia se radicará en los próximos días y la decisión final podría tomarse en menos de un mes. Los escenarios son dos: o la Corte encuentra una fórmula para validar la subsanación a pesar de las irregularidades, o concluye que el vicio nunca se corrigió adecuadamente, lo que llevaría al hundimiento definitivo de la reforma.

Mientras tanto, el presidente Petro ya activó un «Plan B»: ordenó iniciar la entrega de un bono pensional a mayores de 75 años y advirtió que, si la ley no pasa, exigirá a los fondos privados de pensiones que devuelvan al país los ahorros de los trabajadores invertidos en el exterior.

Foto y noticia: Colprensa