La liquidación del Ministerio de la Igualdad avanza mientras crecen las protestas de trabajadores por la incertidumbre laboral, en un cierre que quedó marcado por el revés jurídico que tumbó la ley de creación de la cartera. El proceso reabrió la discusión sobre su tamaño presupuestal, los cuestionamientos a la ejecución y el reparto de tareas con entidades que ya operaban políticas sociales.
La Corte Constitucional tumbó la Ley 2281 de 2023 y dejó un plazo para corregir
El ministerio nació con la Ley 2281 de 2023, pero la Corte Constitucional declaró inexequible esa norma en mayo de 2024. El alto tribunal concluyó que el Congreso aprobó la creación sin el análisis de impacto fiscal exigido, un vicio de procedimiento que calificó como insubsanable.
Según esa decisión, no se expuso con claridad el costo de abrir una nueva cartera ni la fuente de financiación correspondiente. Aun así, la Corte permitió que el ministerio siguiera operando de manera transitoria para evitar traumatismos institucionales, y fijó como límite el año 2026 para resolver el problema mediante una nueva ley.
En ese marco, el Gobierno intentó impulsar otra vez el proyecto, pero no consolidó el respaldo legislativo necesario. Con esa puerta cerrada, la liquidación avanzó y dejó en primer plano el reto administrativo de ajustar competencias y personal sin perder la continuidad de programas que se habían anunciado desde la cartera.
Presupuesto público y ejecución: las cifras que alimentaron el debate
La discusión fiscal acompañó al ministerio desde su arranque. Para 2024, la apropiación habría rondado los $1,5 billones, una cifra que en el debate público de ese periodo se comparó con presupuestos de carteras tradicionales.
Sin embargo, las críticas se concentraron en la velocidad de la inversión. En el primer trimestre de 2024 se divulgó una ejecución de inversión de 0 %, cuando el ministerio llevaba pocos meses de operación.
Hacia finales de 2024, informes periodísticos mencionaron un presupuesto cercano a los $1,8 billones y describieron desembolsos limitados, con gasto concentrado en funcionamiento y nómina. Reportes conocidos en 2026 añadieron que la ejecución de inversión durante 2025 habría cerrado en niveles cercanos al 5 %.
Liquidación del Ministerio de la Igualdad: reubicar funciones en Prosperidad Social, ICBF y otros sectores
Más allá de las cifras, otro punto de fricción fue la duplicidad de funciones. Antes de 2023, políticas para mujeres, comunidades étnicas, juventudes, discapacidad y población vulnerable ya pasaban por el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, el ICBF y ministerios como Interior, Trabajo y Educación, además de consejerías presidenciales.
El Gobierno defendió la creación del ministerio como una forma de visibilizar poblaciones históricamente excluidas y coordinar programas de igualdad y equidad. También sostuvo que avanzó en formulación de políticas públicas y estrategias territoriales, aunque incluso sectores cercanos al Ejecutivo han reconocido que los resultados no quedaron en proporción con el presupuesto y las expectativas.
Con la liquidación en marcha, el desafío inmediato es práctico: redistribuir programas y responsabilidades en instituciones preexistentes, mientras persisten las protestas internas por el futuro laboral. El caso, además, deja una discusión abierta sobre el diseño del Estado y el costo de crear nuevas estructuras sin estudios financieros sólidos ni una delimitación clara de competencias.
