La queja ante la Procuraduría presentada por Santiago Botero Jaramillo pide que el Ministerio Público evalúe si abre una actuación disciplinaria contra el comisario de Familia Amin Francisco Sanabria Aislant, en Cartagena, por presuntas vulneraciones de garantías durante un trámite adelantado en su contra.
La solicitud busca un control disciplinario, no reemplazar el proceso de fondo
El escrito fue radicado ante la Procuraduría General de la Nación por medio de su apoderada, la abogada Diana Paola Chavarro Gutiérrez. La petición se dirige a revisar la conducta del funcionario adscrito a la Comisaría de Familia Permanente Turno No. 1 de Cartagena, en el marco de las actuaciones surtidas por esa dependencia.
De acuerdo con la queja, durante el procedimiento se habrían presentado situaciones que podrían comprometer principios como la imparcialidad, la reserva del expediente, la transparencia y el debido proceso. La defensa sostiene que esas garantías constitucionales no se habrían respetado plenamente a lo largo del trámite.
El foco: declaraciones a medios mientras el expediente seguía en curso
Uno de los puntos centrales del reclamo se relaciona con declaraciones públicas que, según el documento, el comisario habría entregado a diferentes medios de comunicación cuando el procedimiento todavía estaba en desarrollo. Para la defensa, esa exposición ocurrió antes de que Botero pudiera ejercer de manera plena su derecho a la defensa y dar su versión ante la autoridad competente.
En esa línea, la queja advierte que el manejo público del caso pudo afectar su imagen personal y familiar y tensionar la presunción de inocencia. El argumento es que, sin una decisión definitiva sobre lo discutido, la comunicación externa de un expediente en trámite puede influir en la percepción social del asunto.
Qué debe valorar la Procuraduría tras la queja ante la Procuraduría
Con la actuación ya radicada, corresponde a la Procuraduría analizar los argumentos presentados y establecer si existen méritos para abrir las actuaciones que procedan en el ámbito disciplinario. Ese examen definirá si el Ministerio Público inicia una investigación formal o adopta otra determinación dentro de sus competencias.
La defensa plantea que el control disciplinario permita establecer si la actuación del despacho se ajustó a los deberes del cargo y a las reglas que rigen este tipo de procedimientos. Mientras avanza esa revisión, el caso vuelve a poner en discusión los límites entre honra, buen nombre y las garantías exigibles en trámites administrativos ante autoridades como las comisarías de familia.
