En lo corrido de 2026, Migración Colombia ha registrado 310 casos de deportación y expulsión de ciudadanos extranjeros en distintas regiones del país, por causas relacionadas con irregularidades migratorias, riesgos para la seguridad y afectaciones al orden público.

Del total de casos, Antioquia figura entre las regiones con mayor número de sanciones, con 16 deportaciones y 19 expulsiones, en medio de un balance nacional que también incluye zonas como Nariño, Oriente, Atlántico y el Eje Cafetero.

Según el reporte oficial, 157 casos corresponden a deportaciones, en su mayoría asociadas a irregularidades en el ingreso, permanencia o salida del país. Estas situaciones se concentraron principalmente en regiones como Nariño (51 casos), Oriente (24) y Antioquia.

Por otro lado, 153 ciudadanos extranjeros fueron expulsados, una medida más estricta que se aplica en situaciones que comprometen la seguridad nacional, la convivencia ciudadana o por requerimientos de autoridades judiciales o internacionales. En este grupo, Antioquia también aparece entre las regionales con mayor número de casos.

La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero, explicó que estas decisiones se toman bajo el marco legal vigente. “La Constitución y la Ley son claras en garantizar la seguridad nacional y el orden público, por lo que estos procedimientos se aplican respetando el debido proceso”, señaló.

Las autoridades recordaron que, aunque ambas medidas implican la salida del país, existen diferencias clave:

  • La deportación sanciona faltas migratorias y puede implicar una prohibición de ingreso entre seis meses y diez años.
  • La expulsión, en cambio, es una medida más severa, con una restricción mínima de cinco años y sin posibilidad de recursos, generalmente asociada a situaciones de mayor gravedad.

El informe también advierte que los casos están relacionados con conductas como el uso de documentación fraudulenta, el incumplimiento de normas migratorias, el desarrollo de actividades no autorizadas o requerimientos de autoridades judiciales, incluyendo notificaciones de Interpol.

A nivel nacional, las cifras mantienen una tendencia similar a la registrada en el primer trimestre de 2025, lo que refleja la continuidad de los controles migratorios en distintas regiones del país.