Una investigación adelantada por la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación permitió la ocupación con fines de extinción de dominio de 28 inmuebles y 14 hoteles en Medellín, señalados de estar presuntamente vinculados a un esquema ilegal de defraudación de fluidos mediante manipulación de sistemas de medición de servicios públicos.
Las diligencias fueron realizadas por unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN), luego de varias denuncias presentadas por una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios que detectó inconsistencias en los patrones de consumo registrados en distintos establecimientos de la ciudad.
Según las autoridades, durante las inspecciones técnicas se estableció que varios medidores de energía, agua y gas presentaban alteraciones ilegales destinadas a reducir artificialmente el valor real de las facturas.
La investigación se extendió durante 16 meses y permitió recopilar pruebas que indicarían que estas prácticas se venían realizando desde 2013. Además, las autoridades identificaron un presunto patrón delictivo sistemático entre propietarios de inmuebles y hoteles que tendrían vínculos familiares, comerciales y societarios.
De acuerdo con el expediente judicial, los investigados habrían utilizado conexiones clandestinas y manipulación de sistemas de medición para evadir controles técnicos y comerciales, afectando gravemente la prestación del servicio y generando riesgos para la comunidad por posibles incendios, fugas e inundaciones.
Las autoridades estiman que entre 2020 y 2025 las pérdidas ocasionadas por este delito superarían los $1,24 billones, con afectaciones cercanas a los $207 mil millones anuales para la empresa prestadora de servicios públicos.
Con base en los elementos probatorios recopilados mediante inspecciones judiciales, informes periciales y procedimientos administrativos, la Fiscalía impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre los bienes, ubicados en las comunas de La Candelaria, Buenos Aires, Laureles y Belén.
Los inmuebles y hoteles intervenidos estarían avaluados en más de $96 mil millones.
Tras la operación, los bienes quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y posteriormente fueron entregados a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), entidad encargada de administrar los activos mientras avanza el proceso judicial y se define su situación definitiva.
Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer la posible participación de otras personas y determinar el alcance total de las afectaciones económicas derivadas de estas prácticas ilegales.
