La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad por 12 años a Diego Andrés Rosas Ramírez, profesional de gestión II de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), tras comprobar que presentó documentos falsos para el retiro de cesantías correspondientes a las vigencias 2021 y 2022.
De acuerdo con la investigación, el funcionario entregó durante dos años consecutivos una promesa de compraventa y un certificado de tradición y libertad que no coincidían con la realidad registral de los bienes mencionados, con el fin de acceder de manera irregular al desembolso de sus prestaciones.
La Procuraduría Distrital de Juzgamiento, en fallo de primera instancia, determinó que Rosas Ramírez vulneró los principios de veracidad, moralidad, eficiencia y buena fe, que deben regir la función pública.
El ente de control calificó la falta como gravísima a título de dolo, lo que conllevó la destitución del cargo y la inhabilidad general por 12 años para ocupar funciones públicas.
Con esta decisión, la Procuraduría reiteró su compromiso de vigilar la conducta de los servidores públicos y sancionar las prácticas que atenten contra la transparencia en la administración estatal.
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