El retorno masivo de colombianos desde cárceles ecuatorianas se realiza bajo protocolos humanitarios y de respeto a los derechos humanos.

Nación Colombia | Julio 26 de 2025

El Gobierno colombiano informó que avanza en la atención de los más de 600 connacionales deportados desde Ecuador, en el marco de una medida de expulsión masiva de personas privadas de la libertad en ese país. Cerca de 450 ya han ingresado por el puente internacional de Rumichaca, mientras el resto permanece en espera, a la espera del proceso migratorio.

La canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy, visitó el punto fronterizo este sábado junto a un equipo interinstitucional para verificar de primera mano las condiciones de ingreso y asegurar que se garantice el respeto a los derechos humanos durante todo el procedimiento.

Coordinación institucional y atención humanitaria

El proceso ha sido acompañado por un plan de respuesta liderado por la Cancillería, Migración Colombia, la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, y las autoridades territoriales de Nariño. El viernes anterior se realizó una reunión interinstitucional para definir los protocolos de ingreso, verificación de identidad, alojamiento temporal y transporte hacia los destinos finales de los deportados.

“Una vez los connacionales ingresen y cumplan con el proceso migratorio, se les garantizarán condiciones dignas, que incluyen hospedaje, alimentación, transporte y el respeto de sus derechos fundamentales”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado oficial.

Hasta el momento, se cuenta con los antecedentes judiciales de 348 de los deportados. El Gobierno ha solicitado a Ecuador, mediante nota verbal, la información pendiente de los demás ciudadanos para verificar su situación jurídica.

Monitoreo constante y enfoque de derechos

El retorno de los connacionales se está desarrollando bajo el acompañamiento permanente del Puesto de Mando Unificado instalado por la Gobernación de Nariño y la Alcaldía de Ipiales, con el respaldo del Departamento de Prosperidad Social (DPS) y la Cancillería.

Las autoridades confirmaron que en los casos que se requiera, se procederá a revisar antecedentes judiciales y definir situaciones jurídicas, garantizando siempre el principio de dignidad y legalidad.