La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una sanción de 1.306 millones de pesos a Constructora Bolívar Bogotá S.A. tras concluir que la empresa vulneró los derechos de consumidores vinculados al proyecto de Vivienda de Interés Social (VIS) “Buena Vista Living”, en Bogotá.
La decisión se produjo luego de analizar al menos 30 denuncias relacionadas con presuntos incumplimientos en la entrega de apartamentos y posibles irregularidades en la información suministrada a los compradores.
Según la SIC, uno de los principales hallazgos corresponde a las modificaciones reiteradas en las fechas de entrega de las viviendas. La entidad señaló que la constructora cambió en tres ocasiones los plazos inicialmente establecidos, afectando las expectativas y condiciones pactadas con los consumidores.
Además, la Superintendencia indicó que también se presentaron cambios en las fechas de escrituración de los inmuebles, situación que habría impactado directamente el valor final de las viviendas, teniendo en cuenta que el proyecto estaba clasificado dentro de la categoría de Vivienda de Interés Social.
La investigación también concluyó que existió publicidad engañosa durante la comercialización del proyecto inmobiliario, debido a que algunas piezas publicitarias contenían información considerada insuficiente, confusa y presentada de manera inoportuna.
De acuerdo con la SIC, estas condiciones tenían la capacidad de inducir a error a los compradores sobre las características reales de los apartamentos ofertados.
Uno de los aspectos señalados por la autoridad de protección al consumidor fue la omisión de información clara relacionada con el carácter VIS del proyecto “Buena Vista Living”.
La entidad precisó que contra la decisión sancionatoria proceden los recursos de reposición ante la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor y de apelación ante la Delegatura para la Protección del Consumidor.
Finalmente, la Superintendencia reiteró que continuará adelantando acciones de vigilancia en el sector vivienda con el objetivo de proteger los derechos de los consumidores y garantizar que la información entregada a los compradores sea clara, suficiente y verificable.
