Acciones contra la minería ilegal

Uno de los principales focos de atención es la presencia de minería ilegal en la zona, actividad que podría poner en peligro la represa Porce III y a las comunidades de los municipios de Amalfi y Anorí, extendiéndose hasta la confluencia del río Nechí en Zaragoza. En respuesta a las alertas emitidas por EPM desde febrero de 2024, Corantioquia ha realizado múltiples intervenciones para verificar y mitigar los impactos ambientales.

Como parte de estas acciones, la Corporación ha iniciado procesos sancionatorios contra tres personas identificadas ejerciendo minería de manera irregular. Además, se han realizado recorridos en campo para evaluar los posibles daños ecológicos y reforzar las estrategias de control en la zona.

Resultados de los estudios ambientales

Tras un seguimiento técnico y satelital en la región, Corantioquia identificó 125 polígonos con posibles cambios en el uso del suelo que podrían implicar afectaciones a los recursos naturales. Algunos de estos puntos corresponden a playas aluviales, cuyo estado varía de acuerdo con la dinámica del río Porce, alternando entre períodos de inundación y sequía.

Los hallazgos revelan que las modificaciones en el uso del suelo abarcan aproximadamente 195 km distribuidos en los municipios de Guadalupe, Amalfi, Anorí y Zaragoza. En respuesta, Corantioquia intensifica su monitoreo ambiental y fortalece su presencia en el territorio con visitas de control y seguimiento.

Avance en formalización minera y gestión ambiental

En el marco de su estrategia Formalizar para Regenerar, Corantioquia avanza en la tramitación de licencias ambientales para mineros con solicitudes en la zona del cañón del Porce. Asimismo, se han desarrollado mesas de trabajo para facilitar la transición hacia prácticas mineras sostenibles.

La Corporación también trabaja en coordinación con la Agencia Nacional Minera para abordar la problemática en el río Porce. Como parte de estas acciones, se lleva a cabo un monitoreo continuo de la calidad del agua desde la zona de embalses hasta los puntos identificados con actividad minera irregular. Paralelamente, Corantioquia apoya la reactivación de la Mesa de la Esperanza, un espacio de diálogo para analizar la coexistencia de actividades económicas con la conservación ambiental.

Alertas ambientales y seguimiento constante

Para garantizar la transparencia y el control sobre la situación en Porce III, Corantioquia emitirá reportes semanales sobre minería y deforestación en la zona. Las Oficinas Territoriales Tahamíes, Zenufaná y Panzenú han reforzado sus operativos en los sectores de mayor riesgo, con el objetivo de mitigar impactos ambientales y fortalecer la vigilancia de los ecosistemas afectados.

Con estas acciones, Corantioquia reafirma su compromiso con la protección del medio ambiente y la seguridad de las comunidades cercanas al río Porce, promoviendo un equilibrio entre el desarrollo y la sostenibilidad en la región.

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La operación, liderada por la Brigada contra la Explotación Ilícita de Yacimientos Mineros y el Batallón de Inteligencia Militar N.° 5, permitió la intervención de 15 unidades de producción minera ubicadas a orillas del río Cauca. Según las autoridades, esta actividad ilegal genera un grave impacto ambiental en la región.

Durante la inspección del lugar, los uniformados incautaron dos dragas, 12 motores, ocho motobombas, 500 metros de manguera de cinco pulgadas, 480 unidades de flora (guadua) y 10 metros de madera común.

El material decomisado e inhabilitado tenía un avalúo de aproximadamente 200 millones de pesos, mientras que las rentas ilegales obtenidas por la extracción de oro en esta zona superaban los 32 millones de pesos mensuales.

Los capturados fueron puestos a disposición de la autoridad competente para su respectiva judicialización. Entre las medidas adoptadas, se ordenó la destrucción del material hallado con el fin de evitar su reutilización en actividades ilícitas.

El Ejército reiteró que continuará adelantando operaciones militares para la protección del medio ambiente y el combate contra los delitos ambientales en el Eje Cafetero.

Foto y noticia: Colprensa – Andrés Suárez

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La planta de Coca-Cola, autorizada por la Corporación Autónoma Regional (CAR), estaría extrayendo diariamente 279.000 litros de agua, lo que equivale a 3,23 litros por segundo, provenientes de siete nacimientos diferentes. Esta cantidad suma más de 100 millones de litros al año. La concesión otorgada permitiría a la empresa operar con costos significativamente bajos en comparación con los ingresos generados.

En 2016, se reveló que Coca-Cola pagó solo 617.500 pesos colombianos por la extracción de 56,6 millones de litros de agua. Para 2022, el costo ascendió a apenas 4,7 millones de pesos colombianos. Estas cifras contrastan de manera dramática con las ganancias anuales de la compañía, evidenciando una disparidad notable entre el costo del recurso hídrico y su valor económico.

A pesar de que Coca-Cola ha reportado acciones de compensación ambiental, como la siembra de árboles, el monto pagado por el agua sigue siendo mínimo en comparación con lo que un hogar promedio pagaría por un consumo equivalente, estimado en alrededor de 25 millones de pesos mensuales. Este desbalance plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad y la equidad en el uso de los recursos naturales.

Esta situación no es exclusiva de Coca-Cola; otras empresas, como Postobón, también se benefician de concesiones similares, extrayendo grandes volúmenes de agua en regiones donde las comunidades enfrentan problemas de abastecimiento hídrico. Este fenómeno subraya la necesidad de una revisión crítica de las políticas de concesión de agua y su impacto en las comunidades locales.

Este artículo busca no solo informar sobre estos hechos, sino también fomentar un debate sobre las prácticas actuales de extracción de agua y cómo estas afectan a las comunidades y al medio ambiente a largo plazo.

Editorial Nación Paisa

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Uno de los efectos más notables es la aceleración en la subida del nivel del mar. Datos recientes de la Organización Meteorológica Mundial revelan que la elevación media global ha establecido un récord en 2021, aumentando a un ritmo de 4.5 milímetros anuales entre 2013 y 2021. Esta tendencia no solo provoca mareas extremas y daños costeros, sino que amenaza a comunidades enteras, incluyendo a 680 millones de personas que residen en áreas costeras bajas.

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Las olas de calor marinas, resultado directo del calentamiento oceánico causado por las actividades humanas, también están en aumento. El informe destaca que el 60% de la superficie oceánica mundial experimentó al menos un episodio de olas de calor en 2021. Esto ha tenido consecuencias devastadoras para los arrecifes de coral, con la decoloración generalizada y la degradación de estos ecosistemas vitales. Si el calentamiento marino persiste, advierte el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, todos los arrecifes de coral podrían decolorarse para fines de siglo.

Riesgos irreversibles…

La biodiversidad marina enfrenta una amenaza existencial. El aumento de las temperaturas impone riesgos irreversibles a los ecosistemas costeros y marinos, con daños significativos en arrecifes de coral y manglares. Más de la mitad de las especies marinas podrían estar al borde de la extinción para 2100, según la UNESCO. A medida que los ecosistemas marinos ya se degradan o se explotan insosteniblemente debido al actual aumento de 1.1°C en la temperatura, se plantea un sombrío escenario. Un aumento de 1.5°C amenaza con destruir entre el 70 y el 90% de los arrecifes de coral, y a 2°C, enfrentamos el punto de no retorno con pérdidas cercanas al 100%.

#COP28

Si pasamos de 1,5 grados, es probable
que perdamos irreversiblemente las capas de hielo.

Si desaparecen, se producirá una subida del nivel del mar de 10 metros en todo el planeta.

Los resultados más ambiciosos de la COP28 deben permanecer en primer plano. pic.twitter.com/K5QnCiqddp

— ONU Cambio Climático (@CMNUCC) December 9, 2023

En la reciente COP28, el delegado Simon Stiell subrayó la urgencia de actuar. Advierte que si permitimos que la temperatura supere los 1.5 grados, podríamos perder irreversiblemente las capas de hielo, lo que resultaría en una catastrófica subida del nivel del mar de 10 metros a nivel mundial. 

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Azimut Energía, liderada por Santiago Uribe junto a su socio Camilo Montoya, ha sido clave en acelerar la transición energética en Colombia. La compañía utiliza tecnología propia que integra herramientas de IoT, Computación en la Nube y Analítica de Datos para optimizar el uso de la energía en diversas industrias.

#HablemosDeLeasing Santiago Uribe, Cofundador de @azimut_energia, “Somos una empresa que acelera la transición energética desde el ahorro. Estamos en las tres ‘D’ de la transición energética: descarbonización, digitalización y descentralización”. pic.twitter.com/drpgMvZrTN

— Asobancaria Colombia (@Asobancaria) May 12, 2023

¿Qué es el premio EY?

El premio, parte de un evento global de EY celebrado en más de 60 países, reconoce a empresarios que generan un impacto positivo en la sociedad y contribuyen al crecimiento económico del país. En este caso, el enfoque en eficiencia energética de Azimut Energía ha sido fundamental para abordar las necesidades globales actuales.

Por su parte, Santiago Uribe expresó su satisfacción al recibir el premio, destacando el sueño de emprendimiento hecho realidad con Azimut Energía. El enfoque de la empresa ha logrado ahorros significativos para sus clientes, evitando emisiones equivalentes a plantar más de 800.000 árboles durante 10 años.

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Este reconocimiento a Azimut Energía resalta sus diferenciadores en el mercado, como una solución de extremo a extremo que abarca la captura de datos hasta la implementación de proyectos de ahorro. La integración de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial también ha demostrado resultados superiores en ahorro energético.

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Una conspiración para alterar el POT

Según la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los implicados habrían conspirado para alterar el POT, allanando el camino para el desarrollo de proyectos urbanísticos de vivienda de interés social y prioritario en áreas que originalmente estaban designadas como de especial importancia ecológica.

La estrategia para llevar a cabo este plan habría sido la presentación de un proyecto de acuerdo municipal por parte del exalcalde Ramírez Paris-Lobo. Este proyecto proponía una expansión del perímetro urbano que incluía áreas de protección ambiental. Los exconcejales, por su parte, presentaron ponencias a favor y respaldaron la iniciativa durante los debates en el Concejo de Cúcuta. La propuesta fue finalmente sancionada por el exalcalde el 23 de julio de 2012.

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Un cambio de uso del suelo irregular

Los elementos de prueba recabados indican que tanto la exposición de motivos del proyecto de acuerdo como las ponencias positivas de los exconcejales permitieron el cambio de uso del suelo en terrenos de conservación ambiental, donde convergían quebradas y cuerpos de agua. Esta modificación requería la obtención de un concepto por parte de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (Corponor) y la definición de una franja de protección de al menos 30 metros alrededor de las fuentes hídricas. Sin embargo, este proceso no se llevó a cabo, ya que estas zonas estaban caracterizadas como parte de la expansión urbana integral en el POT vigente en ese momento.

Graves consecuencias ambientales

El escándalo ha generado fuertes críticas y cuestionamientos éticos en la ciudad, pues se teme que la modificación del POT haya tenido consecuencias negativas para el medio ambiente y la sostenibilidad urbana.

La modificación del POT permitió la construcción de proyectos urbanísticos en zonas que originalmente estaban destinadas a la conservación ambiental. Esto podría tener un impacto negativo en la biodiversidad, el suministro de agua y la calidad del aire de la ciudad.

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