La Fiscalía General de la Nación ha imputado al exalcalde de Cúcuta, Donamaris Ramírez Paris-Lobo, y a dos exconcejales de la ciudad, Juan Pablo Celis Vergel y Wilmar Manuel Cepeda Basto, por su presunta participación en la modificación irregular del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de la ciudad. Los exfuncionarios enfrentan cargos por el delito de prevaricato por acción, al haber tramitado un acuerdo que permitió la incorporación al área urbana de zonas con características de especial importancia ecológica.

Una conspiración para alterar el POT

Según la investigación de la Dirección Especializada contra la Corrupción, los implicados habrían conspirado para alterar el POT, allanando el camino para el desarrollo de proyectos urbanísticos de vivienda de interés social y prioritario en áreas que originalmente estaban designadas como de especial importancia ecológica.

La estrategia para llevar a cabo este plan habría sido la presentación de un proyecto de acuerdo municipal por parte del exalcalde Ramírez Paris-Lobo. Este proyecto proponía una expansión del perímetro urbano que incluía áreas de protección ambiental. Los exconcejales, por su parte, presentaron ponencias a favor y respaldaron la iniciativa durante los debates en el Concejo de Cúcuta. La propuesta fue finalmente sancionada por el exalcalde el 23 de julio de 2012.

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Un cambio de uso del suelo irregular

Los elementos de prueba recabados indican que tanto la exposición de motivos del proyecto de acuerdo como las ponencias positivas de los exconcejales permitieron el cambio de uso del suelo en terrenos de conservación ambiental, donde convergían quebradas y cuerpos de agua. Esta modificación requería la obtención de un concepto por parte de la Corporación Autónoma Regional de Norte de Santander (Corponor) y la definición de una franja de protección de al menos 30 metros alrededor de las fuentes hídricas. Sin embargo, este proceso no se llevó a cabo, ya que estas zonas estaban caracterizadas como parte de la expansión urbana integral en el POT vigente en ese momento.

Graves consecuencias ambientales

El escándalo ha generado fuertes críticas y cuestionamientos éticos en la ciudad, pues se teme que la modificación del POT haya tenido consecuencias negativas para el medio ambiente y la sostenibilidad urbana.

La modificación del POT permitió la construcción de proyectos urbanísticos en zonas que originalmente estaban destinadas a la conservación ambiental. Esto podría tener un impacto negativo en la biodiversidad, el suministro de agua y la calidad del aire de la ciudad.