El caso en cuestión fue dado a conocer mediante la viralización de un video que captura el momento en que trabajadores de una empresa de aseo de Cali manipulan de manera inadecuada a una zarigüeya. En las imágenes, se observa a un individuo de la compañía intentando movilizar al pequeño marsupial hacia un destino desconocido.

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El Grupo de Gestión de Fauna Silvestre del Dagma ha evaluado el material audiovisual y ha concluido que se trata de una zarigüeya, especie protegida en muchos lugares por su contribución al equilibrio ecológico. Ante la gravedad de la situación, el abogado del Grupo Sancionatorio del Dagma, Carlos Cifuentes, ha anunciado la apertura de una indagación preliminar para determinar la conducta antijurídica, identificar a los responsables y evaluar si existe mérito para iniciar un proceso sancionatorio de carácter ambiental.

En cuanto al acto administrativo, que ordena la indagación preliminar en materia ambiental, se ha citado al representante legal de la empresa involucrada. Se espera que este brinde su declaración respecto al incidente y proporcione información relevante, incluyendo los datos de los trabajadores que participaron en la recolección objeto de la investigación.

Por otro lado, es importante destacar que el proceso de indagación preliminar tendrá un plazo máximo de seis meses, durante los cuales se recopilarán pruebas y testimonios para establecer los hechos de manera objetiva.

El video que generó la indignación

El video en cuestión fue grabado el pasado 9 de noviembre en un barrio de Cali. En las imágenes se observa a un trabajador de la empresa Promo Cali-Valle, encargada de la recolección de basura en la ciudad, golpeando y pateando a una zarigüeya que se encontraba en la calle.

El animal, que quedó gravemente herido, fue finalmente arrojado a un contenedor de basura. El video, que fue difundido a través de las redes sociales, generó una gran indignación entre la ciudadanía, que exigió a las autoridades tomar medidas contra los responsables.

Sanciones por maltrato animal

La Ley 84 de 1989, que establece las normas para la protección de los animales, prohíbe el maltrato y la crueldad contra los animales. Las personas que incurran en estas conductas pueden ser sancionadas con multas de hasta 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes, lo que equivale a cerca de 30 millones de pesos.

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La grabación, que se llevó a cabo en plena luz del día, muestra a una mujer dialogando con un hombre sobre el paisaje de la ciudad mientras viajan en el MIO Cable. Aprovechando la baja movilidad y, según algunos informes, sugiriendo que el hombre podría ser de otra nacionalidad, la situación rápidamente toma un giro inapropiado, mostrando escenas explícitas.

La ciudadanía, indignada por el irrespeto a un espacio público fundamental para la movilidad de la ciudad, ha expresado su repudio a través de las redes sociales. De este manera piden a las autoridades que tomen medidas contundentes contra los responsables de este comportamiento inaceptable.

Qué dice la ciudadanía…

Desde el Concejo de la ciudad, el concejal Roberto Ortiz ha manifestado su absoluto rechazo hacia estos actos y ha solicitado a Metrocali, la entidad responsable del MIO Cable, que lleve a cabo una investigación para determinar si hubo complicidad por parte de sus funcionarios en la grabación del video.

Asimismo, insta a la Policía de Cali para que imponga los correctivos del Código de Policía a todos los involucrados.

El concejal por su parte indicó: «¿Dónde está la vigilancia? No podemos tolerar el irrespeto en el espacio público, donde se debería promover la Cultura Ciudadana».

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Sin embargo, esta no es la primera vez que el MIO Cable se ve envuelto en un escándalo de este tipo, según denuncian usuarios del sistema de transporte masivo en Cali. La situación anterior generó preocupación y ahora, con la repetición de incidentes similares, los ciudadanos exigen acciones más estrictas por parte de las autoridades.

Se espera un pronunciamiento oficial por parte de Metrocali para conocer los detalles de las investigaciones y las medidas que se tomarán para abordar este inaceptable uso del sistema de transporte como escenario para actividades indebidas.

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