La Fiscalía General de la Nación adicionó nuevos hechos a la imputación contra Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo, investigadas por su presunta participación en la realización de procedimientos estéticos invasivos sin idoneidad médica en distintos sectores de Medellín.
La decisión se produjo en una audiencia de adición de imputación, en la que las tres procesadas aceptaron de manera libre y voluntaria su presunta responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en la modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.
Según la investigación adelantada por una fiscal de la Seccional Medellín, los hechos habrían ocurrido entre abril de 2023 y mayo de 2024, periodo en el que las procesadas, junto con otras personas, habrían realizado múltiples procedimientos estéticos en quirófanos improvisados acondicionados en viviendas ubicadas en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera, sin cumplir condiciones mínimas de higiene y salubridad.
De acuerdo con el material probatorio, las mujeres contactaban a sus presuntas víctimas principalmente a través de redes sociales, ofreciéndoles una intervención conocida como “lipólisis láser con transferencia glútea”. Las investigadas habrían participado directamente en los procedimientos, realizando labores como administración de medicamentos, aplicación de anestesia local, atención postoperatoria y masajes postquirúrgicos.
La Fiscalía estableció que cuando las personas intervenidas acudían a los lugares para reportar complicaciones médicas, las procesadas trasladaban las operaciones a otros barrios de la ciudad, con el fin de evadir controles y denuncias.
En total, 55 personas habrían sido víctimas de estos procedimientos invasivos, de las cuales más de 40 mujeres presentaron lesiones como deformidades, limitaciones físicas, dolores crónicos y otras complicaciones de salud.
Las tres mujeres permanecen privadas de la libertad desde octubre de 2025. Por estos mismos hechos, la Fiscalía también judicializó a Yarleny Mosquera Aguirre y Elizabeth Rojas Tobón, señaladas como presuntas articuladoras de la actividad delictiva.
