El presidente de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones (Andesco), Camilo Sánchez, reveló hoy que Colombia enfrenta un déficit estructural de gas del 23 % que obligará a aumentar masivamente las importaciones y podría disparar las tarifas a los usuarios entre un 25 % y un 32 %, situación ante la cual exigió al Gobierno dejar de «tomar el pelo» con soluciones a largo plazo para una crisis que requiere certezas regulatorias inmediatas y transparencia en los procesos de subasta.

Durante la presentación del balance del sector, el dirigente gremial desmintió que la necesidad de gas importado fuera menor a la proyectada y aseguró que las cifras actuales confirman las alertas que el sector emitió hace tres años.

«Las cifras no mienten, hemos hecho todo un seguimiento y hoy tenemos un déficit del 23 % del gas que se requiere, trayéndolo importado», afirmó Sánchez, quien recordó que en el pasado «casi nos crucifican» por advertir la pérdida de autosuficiencia.

El líder gremial explicó que la dependencia del gas extranjero ha crecido exponencialmente, pasando de un requerimiento del 4 % al 8 %, hasta alcanzar casi la cuarta parte de la demanda nacional actual. Según el informe técnico presentado por el Centro Regional de Estudios de Energía (CREE), este escenario es consecuencia de un deterioro estructural, pues las reservas probadas de gas en el país han caído un 57 % desde el año 2010.

Sánchez fue enfático al rechazar las propuestas del Ejecutivo que plantean solucionar la escasez actual con proyectos de infraestructura que tardarían años en materializarse, refiriéndose específicamente a la posible importación desde el país vecino.

«La mentira de decirnos que el problema que tenemos hoy lo vamos a solucionar con una solución de dentro de dos años, como Venezuela, pues eso es tomarle el pelo a los colombianos», aseveró el presidente de Andesco.

Agregó que el país no cuenta con gasoducto funcional actualmente y que se necesitarían «por lo menos dos años» para realizar las importaciones por esa vía, tiempo que el sistema energético no tiene disponible.

La escasez del combustible y la obligación de traerlo del exterior tienen un efecto directo en los costos. El estudio del CREE señaló que el precio promedio del gas en el mercado primario ya ha registrado un aumento del 76 % entre 2015 y 2024.

Sobre las proyecciones futuras, Sánchez advirtió que, dadas las circunstancias actuales de oferta y demanda, «puede llegar a subir entre un 25 % a un 32 % la tarifa», aunque aclaró que esto es un escenario probabilístico y no especulativo.

«El gas importado es más caro que el colombiano y tenemos que jugar con esas características», explicó Sánchez, subrayando que si se hubiera mantenido la exploración y producción interna, el país habría recibido más de 28 billones de pesos adicionales en renta petrolera y minero-energética.

El dirigente gremial defendió el papel de las plantas térmicas y la infraestructura de importación existente, como la planta de regasificación SPEC, asegurando que sin ellas el país ya habría colapsado energéticamente.

«Si SPEC no existiera, Colombia tendría un déficit gigantesco de gas y tendríamos un apagón», sentenció Sánchez.

Asimismo, destacó que las térmicas han sido fundamentales para evitar el racionamiento, especialmente con los embalses hidroeléctricos llenos en más del 80 % pero con riesgos climáticos latentes como el Fenómeno del Niño. Sin embargo, el informe del CREE advierte que la probabilidad de experimentar al menos un mes de déficit en 2027 alcanza el 53,6 % si se mantiene una demanda térmica mínima.

El balance presentado mostró una alta concentración en la oferta, donde Ecopetrol maneja el 71 % de la producción, lo que genera riesgos para la competencia. Ante esto, el estudio sugirió la necesidad de un marco regulatorio para terminales de importación que evite la «concentración del mercado alrededor de incumbentes».

Sánchez concluyó exigiendo estabilidad jurídica y criticó los cambios constantes en las condiciones para los inversionistas.

«Necesitamos que no nos sigan cambiando las reglas de juego», reclamó, refiriéndose a las cargas impositivas del 2,5 % sobre las empresas y las restricciones a las hidroeléctricas, factores que, según él, generan incertidumbre y frenan la inversión necesaria para recuperar la soberanía energética.

(Colprensa)