El Centro Democrático radicó una iniciativa para otorgar a Abelardo de la Espriella facultades extraordinarias durante seis meses. La autorización permitiría reorganizar ministerios y entidades nacionales mediante decretos con fuerza de ley, pero requiere aprobación del Congreso para entrar en vigencia.

Alcance de la propuesta radicada

La senadora Julia Correa y el representante Juan Caicedo presentaron el proyecto, que habilitaría al Ejecutivo para crear, fusionar, escindir, transformar, suprimir o liquidar organismos de la Administración Pública Nacional. Bajo esa fórmula, cada modificación no tendría que pasar por un trámite legislativo independiente.

El texto plantea además cambios en la naturaleza jurídica, los objetivos y las funciones de las entidades. También incluye la redistribución de recursos humanos y presupuestales, ajustes a las plantas de personal, reasignación de competencias y reestructuración de organismos nacionales.

La iniciativa coincide con el plan del Gobierno de reducir el número de ministerios de 18 a 13 dentro de su estrategia de austeridad. El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, afirmó que la reducción y una eventual fusión de carteras serán una realidad, sin precisar cuáles dependencias entrarían en ese proceso.

Límites a las facultades para reorganizar ministerios

La autorización propuesta no permitiría aumentar el gasto de funcionamiento del Presupuesto General de la Nación. Tampoco facultaría la creación de tributos, modificaciones a la regla fiscal ni cambios en el régimen salarial de los servidores públicos.

La Rama Judicial, los organismos de control, la organización electoral y los órganos autónomos quedarían por fuera de la reorganización. El Banco de la República, las universidades autónomas y las corporaciones regionales con regímenes especiales tampoco estarían cobijados por las decisiones previstas.

Los promotores estiman que los cambios podrían generar un ahorro permanente de 2% del producto interno bruto, cercano a $42 billones. Han planteado que esos recursos podrían destinarse a infraestructura, programas sociales, educación y una eventual reducción de impuestos.

Tras su elección, De la Espriella anunció en julio una primera reorganización de la Presidencia de la República, con la eliminación de dependencias con funciones duplicadas, entre ellas la Consejería de Paz y la Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz, además de una reducción de 229 cargos.

El 28 de agosto, el presidente ordenó revisar integralmente la estructura estatal para identificar duplicidades, rediseñar entidades, estudiar supresiones o fusiones, simplificar trámites y disminuir el gasto de funcionamiento. Como antecedente, la Ley 790 de 2002 concedió facultades extraordinarias a Álvaro Uribe Vélez y permitió fusionar seis ministerios, de 16 a 13. El proyecto actual deberá completar su trámite legislativo antes de que las facultades propuestas puedan aplicarse.