Hay actuaciones de los funcionarios públicos que merecen ser examinadas no solamente por lo que dicen, sino por las consecuencias que pueden producir. Lo ocurrido durante la audiencia en la que la fiscal 40 de Medellín, Magda Sofía Ramírez, se refirió al trabajo periodístico de esta casa editorial merece una reflexión pública.

La funcionaria sostuvo, según lo expuesto en audiencia, que existiría una estrategia de difamación contra Misael Alberto Cadavid Jaramillo, exdirector del Cuerpo de Bomberos de Itagüí y uno de los testigos dentro del proceso por las presuntas irregularidades en contratos con el Área Metropolitana. Entre los elementos que habría utilizado para sustentar esa afirmación, hay publicaciones periodísticas, columnas de opinión y una entrevista concedida a este medio por la entonces pareja de Cadavid, Ana María Balbín, en la que ella relató hechos que presentó como presuntos episodios de maltrato.

Aquí está el problema: una entrevista periodística no convierte al medio en parte de una conspiración. Una columna de opinión no constituye, por sí misma, una prueba de una estrategia criminal. Publicar voces que incomodan al poder no puede ser presentado como una operación de desprestigio simplemente porque esas voces cuestionen a quienes están en el centro de una investigación.

Esta casa editorial hace periodismo. Eso significa publicar información, escuchar distintas versiones, abrir espacios de opinión y permitir que los ciudadanos conozcan voces que otros medios pueden decidir no publicar.

No somos fiscales, jueces ni abogados defensores. Tampoco somos instrumentos de ninguna organización política. Lo que no puede ocurrir es que, desde una audiencia judicial, se pretenda convertir el ejercicio legítimo de informar y opinar en evidencia de una supuesta conspiración sin demostrarla. Porque una cosa son las conversaciones que eventualmente pudieron tener Misael Cadavid y su expareja o sus abogados, y otra muy distinta la noticia o las opiniones que, como medio, decidimos publicar bajo el criterio de nuestra línea editorial, de contrapoder.

La libertad de prensa no puede funcionar únicamente cuando las publicaciones favorecen una determinada versión. El pluralismo informativo no es una concesión del poder: es un principio esencial de una sociedad democrática.

Y hay algo todavía más delicado. La fiscal 40 de Medellín, en su estrategia de litigio, genera un antecedente triste y lamentable para la democracia al tratar de atacar el ejercicio periodístico y la libertad de prensa como si se tratara de partidos políticos, al intentar rotular en un sector u otro las opiniones, publicaciones o entrevistas de quienes ejercen este oficio.

Señora fiscal, en Colombia a los periodistas los matan; han sido históricamente objeto de amenazas, intimidaciones y agresiones.

Esta casa editorial la hace responsable a usted, fiscal Magda Sofía Ramírez, de las afirmaciones que dijo sobre el actuar de nuestros periodistas, especialmente si estas generan intimidaciones, amenazas, situaciones de riesgo, ataques u atentados contra quienes aquí trabajan, entendiendo que Medellín es una ciudad violenta.

Nación Paisa hace periodismo.

Si una persona investigada por presuntos hechos de corrupción se siente afectada por una publicación, tiene derecho a controvertirla, solicitar rectificación cuando corresponda y acudir a las acciones legales que considere pertinentes. Lo que no se puede pretender es que, para proteger la imagen de un investigado, se silencien las voces que resulten incómodas, como evidentemente se intenta hacer en este caso.

Medellín no necesita una sola voz. Necesita muchas voces. Necesita periodistas capaces de preguntar, investigar, contrastar y disentir. Necesita medios que puedan mirar al poder de frente, incluso cuando ese poder no esté dispuesto a escuchar.

Los medios de comunicación deben estar abiertos a que la ciudadanía controvierta sus publicaciones, las critique, les exija rigor y se sometan al escrutinio público, porque de eso se trata una democracia. Si una persona considera que hay una afectación, puede acudir a acciones legales. Lo que no se le puede exigir a un medio como el nuestro es la autocensura, el silencio o la uniformidad en la información.

Señora fiscal, recuerde que Colombia es un Estado de derecho; hay que respetar la democracia y, con ella, el ejercicio periodístico. El periodismo no está para proteger a los poderosos. Está para preguntarle al poder, precisamente cuando al poder no le gusta responder.