El sector cooperativo colombiano enfrenta el desafío de acelerar su transformación digital para responder a los cambios que atraviesa el sistema financiero y mantener su capacidad de competir frente a la banca tradicional y las empresas fintech.

El tema fue uno de los principales ejes del 7° Encuentro de Líderes del sector cooperativo, realizado el 22 de septiembre, donde representantes del Estado, la academia y organizaciones cooperativas analizaron los retos que plantea la digitalización, el Open Finance y los cambios regulatorios para las entidades de la economía solidaria.

Rosa Yelena Granja Rodríguez, directora ejecutiva de Confecoop Antioquia, señaló que el proceso de transformación no depende únicamente de la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas, sino también de cambios en la cultura organizacional.

“La transformación digital no es sólo superar barreras tecnológicas sino también mentales”, afirmó Granja, quien sostuvo que el sector debe avanzar en la adopción de nuevas tecnologías sin perder los elementos que hacen parte de su identidad cooperativa.

Para la dirigente, la cercanía con los asociados puede convertirse en un elemento diferencial frente a otros actores del sistema financiero. “La identidad nos va a mantener vivos, pero hay que reinventarnos desde la identidad”, manifestó.

Cambios regulatorios y retos para las cooperativas

Uno de los asuntos abordados durante el encuentro fue la implementación de las finanzas abiertas en Colombia. El Decreto 0368 del 7 de abril de 2026 modificó el Decreto 2555 de 2010 e incorporó disposiciones relacionadas con el sistema de finanzas abiertas, cuyo propósito incluye promover la inclusión financiera, la competencia y el uso de datos con autorización de sus titulares.

Durante la jornada también se planteó la necesidad de revisar el marco normativo que regula al sector cooperativo. Entre las propuestas discutidas estuvo la actualización de la Ley 79 de 1988, con el objetivo de responder a las nuevas condiciones tecnológicas y financieras.

Los participantes señalaron que las exigencias regulatorias, tributarias, tecnológicas y de gobierno corporativo representan un reto para entidades que, en muchos casos, cuentan con menores capacidades financieras y tecnológicas que los grandes actores del sistema financiero.

Desde el sector público, Andrea Montoya, secretaria de Desarrollo Económico (e) de Medellín, planteó la importancia de fortalecer la articulación institucional con las organizaciones de la economía social y solidaria.

Según lo expuesto durante el encuentro, en Medellín existen alrededor de 200 cooperativas que generan unos 14.000 empleos directos. La funcionaria señaló que, como Distrito Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación, la ciudad puede acompañar los procesos de apropiación tecnológica de estas organizaciones.

Karen Patricia Hernández Blanquicett, superintendente de Economía Solidaria, presentó cifras sobre el comportamiento del sector. De acuerdo con los datos expuestos, en 2025 las organizaciones supervisadas registraron activos por $64,044 billones e ingresos anuales por $41,371 billones.

En el encuentro también se abordó el componente generacional del cooperativismo. En ese contexto fue presentada la alianza “Por un cooperativismo libre de edadismo. La solidaridad no tiene edad”, iniciativa desarrollada entre el sector cooperativo y la Banca de las Oportunidades, con el acompañamiento de Academy, ANDEL, Impacto 50+ y el Instituto de la Conversación (iCon).

La propuesta busca incorporar una perspectiva de inclusión frente al envejecimiento de la población y el desarrollo de productos y servicios financieros dirigidos a las personas mayores, en un escenario marcado por la digitalización del sistema financiero.

Tecnología como herramienta de cooperación

Víctor Muñoz, experto en transformación digital e innovación pública, planteó que las cooperativas podrían reducir costos y ampliar sus capacidades tecnológicas mediante proyectos conjuntos.

Entre las alternativas mencionadas estuvieron el desarrollo de plataformas compartidas, la contratación colectiva de infraestructura tecnológica y mecanismos de protección conjunta de datos.

Muñoz sostuvo que una base agregada cercana a dos millones de beneficiarios del sector cooperativo podría alcanzar una escala significativa para desarrollar soluciones tecnológicas de manera colectiva.

El experto también señaló que el objetivo no debería ser replicar el modelo de las fintech, sino utilizar la tecnología para fortalecer las características propias del cooperativismo, como la relación directa con los asociados y el acompañamiento a sus comunidades.

El debate deja planteado uno de los principales retos para el sector: avanzar en digitalización y adaptación regulatoria sin perder su identidad y, al mismo tiempo, encontrar mecanismos de cooperación que permitan a las entidades enfrentar de manera conjunta los costos y desafíos asociados a la transformación tecnológica.