El senador y analista político Ariel Ávila cuestionó públicamente algunas decisiones que, según afirmó, se estarían tomando en el Ministerio del Interior, particularmente frente a la terminación anticipada de contratos de prestación de servicios y a la asesoría jurídica contratada por la entidad.
A través de una publicación en su cuenta de X, Ávila aseguró haber recibido información sobre una presunta “persecución a contratistas” y sobre decisiones jurídicas que consideró cuestionables dentro de la cartera.
Sus declaraciones también hicieron referencia a la situación de la Dirección Nacional de Bomberos y a la salida de Germán Andrés Miranda Montenegro, quien, según Ávila, había sido inicialmente designado para ocupar ese cargo.
Cuestionamientos a la terminación de contratos
En el video difundido por el senador, Ávila aseguró que algunos contratistas vinculados mediante contratos de prestación de servicios estarían recibiendo comunicaciones relacionadas con la terminación anticipada de sus contratos.
Según su relato, en las comunicaciones se estaría planteando la posibilidad de finalizar los contratos mediante acuerdos entre las partes y, posteriormente, recurrir a terminaciones anticipadas. Ávila cuestionó que para estos procedimientos se estarían utilizando disposiciones del derecho privado en contratos relacionados con la administración pública.
El senador sostuvo que estas actuaciones podrían generar controversias jurídicas y eventualmente demandas contra el Estado. No obstante, sus afirmaciones corresponden a sus propios señalamientos y no implican, por sí mismas, que exista una decisión judicial que haya establecido la ilegalidad de los procedimientos mencionados.
Ávila también identificó a Hitler Rousseau como una de las personas que, según su denuncia, estaría involucrada en estos procedimientos dentro del Ministerio del Interior.
No solo declararon insubsistente a quien habían puesto al frente de bomberos, ahora nos llega información de persecución a contratistas y hasta decisiones jurídicas cuestionables en mininterior. 👇🏼👇🏼 https://t.co/JdHDbkM0VP
— Ariel Ávila (@ArielAnaliza) October 5, 2026
Señalamientos sobre una asesoría jurídica
Otro de los puntos planteados por Ávila está relacionado con un contrato por aproximadamente $166 millones que, según afirmó, habría sido suscrito por el Ministerio del Interior con la firma Hilda María Pardo y Asociados S.A.S. para prestar apoyo jurídico a la Subdirección Corporativa.
De acuerdo con la descripción presentada por el senador, el contrato estaría relacionado con labores de planificación, estructuración, dirección y coordinación de diferentes etapas de los procesos de contratación.
Ávila también se refirió a Hilda María Pardo Hache, a quien identificó como abogada y exvicepresidenta jurídica y representante legal de Claro Colombia. Según el relato del senador, Pardo Hache habría participado previamente en el proceso de empalme de la Unidad Nacional de Protección.
A partir de estos antecedentes, Ávila cuestionó que una persona que, según su versión, habría participado en procesos de empalme vinculados al Gobierno posteriormente aparezca relacionada con un contrato de asesoría para una entidad estatal.
El senador también hizo referencia a Enrique Pardo Hache, hermano de Hilda María Pardo Hache, y mencionó antecedentes judiciales relacionados con este último. Estos señalamientos hacen parte del contenido divulgado por Ávila y no constituyen una imputación o conclusión judicial contra Hilda María Pardo Hache.
El caso de la Dirección Nacional de Bomberos
En su intervención, Ávila también recordó sus cuestionamientos anteriores sobre la designación de Germán Andrés Miranda Montenegro como director nacional de Bomberos.
Según afirmó, Miranda Montenegro habría sido declarado insubsistente después de su designación inicial. Ávila sostuvo que previamente había cuestionado su nombramiento por asuntos relacionados con los requisitos para ocupar el cargo y por señalamientos de presuntas irregularidades.
La situación de la Dirección Nacional de Bomberos fue presentada por el senador como uno de los antecedentes de los cuestionamientos que ahora formula sobre decisiones adoptadas desde el Ministerio del Interior.
Ávila concluyó su intervención insistiendo en que una eventual reducción de los contratos de prestación de servicios puede ser una decisión administrativa, pero pidió que los procedimientos utilizados para terminar los contratos se ajusten al marco jurídico aplicable.
Hasta el momento, en el material aportado para esta nota no aparece una respuesta del Ministerio del Interior, de Rodrigo Lara, de Hilda María Pardo Hache ni de las demás personas mencionadas por Ávila frente a los señalamientos. Sus posiciones serán relevantes para establecer el alcance de las denuncias y contrastar las afirmaciones realizadas por el senador.
